Cascos llevará a Industria a los tribunales si no paga los fondos mineros

Oviedo, 2 mar.- El Gobierno asturiano ha presentado un requerimiento al Ministerio de Industria para que libere 267 millones de euros de fondos mineros, suprimidos en el recorte de gasto aprobado por el Ejecutivo central, y trasladará su demanda a los tribunales en un mes si no se atiende su solicitud.

Así lo ha anunciado hoy en rueda de prensa el jefe del Ejecutivo asturiano, Francisco Álvarez-Cascos, tras la reunión que mantuvo ayer con el ministro de Industria, Jose Manuel Soria, la primera que mantiene con un miembro del Gobierno del PP, al que trasladó su exigencia de que el Estado mantenga su aportación a estos fondos.

La reclamación exige del Estado el cumplimiento de sus obligaciones pendientes correspondientes a 76 convenios suscritos entre ambas administraciones cuya inversión suma 276 millones, aunque, según Álvarez-Cascos, la pérdida de fondos para Asturias sumando todas las cantidades pendientes de ejecutar con cargo a los fondos mineros se elevaría a unos 800 millones de euros.

La decisión del Gobierno de dejar de financiar infraestructuras con fondos mineros resulta "inasumible" para Asturias, según el presidente del Principado, y vulnera el principio de lealtad institucional entre administraciones, ya que supone, a su juicio, que el Estado corrija su déficit trasladándolo a la comunidad autónoma.

Así, ha recordado que estos fondos se habilitaron para compensar a las comarcas afectadas por la reconversión del sector carbonífero y que las cuencas mineras asturianas "han cumplido su parte" dado que desde 1997 la producción de hulla se ha reducido en 2,7 millones de toneladas y se han eliminado 8.737 empleos en las minas.

"No se trata de suprimir una partida discrecional, sino una obligación contractual derivada del cumplimiento de los planes de la minería y una parte ya ha cumplido", ha subrayado Álvarez-Cascos.

La decisión del Gobierno de suprimir estos gastos apelando a la necesidad de cumplir con el principio de estabilidad presupuestaria incorporado por el PP y el PSOE a la Constitución tiene, en su opinión, "el mismo valor jurídico" que el principio de lealtad institucional entre administraciones por lo que, de no atenderse su petición, planteará un recurso contencioso-administrativo en un mes.

En la reunión con Soria, Álvarez-Cascos trasladó además al titular de Industria su petición de que el Gobierno afronte de inmediato la revisión de las tarifas eléctricas que pagan las industrias que son grandes consumidoras de energía ante el riesgo de deslocalización de algunas multinacionales en España.

Así, ha incidido en las dificultades que atraviesan empresas como Alcoa y Azsa, principales productoras de aluminio y zinc de España, y la siderúrgica Arcelor que han planteado la posibilidad de reducir su actividad en Asturias por la falta de competitividad de sus plantas derivada de su elevada factura eléctrica.

Cascos ha recordado que los acuerdos de suministro eléctrico de estas compañías vencerán a finales de este año y ha emplazado al Gobierno a adoptar medidas que corrijan esta situación y eliminen incertidumbres sobre su futuro para evitar más pérdidas de empleo.

El presidente asturiano, que había requerido a Soria por carta en tres ocasiones celebrar la reunión mantenida ayer, pidió además que se establezca un sistema de ayudas para el sector de los astilleros equiparable a los del resto de la UE para que la industria naval española compita en igualdad de condiciones con la europea.

Según Álvarez-Cascos, la prioridad de un responsable político del Ministerio de Industria en la actual coyuntura debe ser "detener la sangría de pérdidas de empleo" y reactivar "de forma inmediata" el sector secundario en España y, en el caso de los astilleros, ha reclamado la colaboración del comisario europeo de la Competencia, Joaquín Almunia, para que se autoricen dichas ayudas.