La llegada de políticos con cargos de responsabilidad a los grandes despachos de servicios jurídicos, a raíz de su formación como juristas, es un arma de doble filo que no siempre sale como se espera. El caso de Albert Rivera y Martínez Echeverría no es más que el reflejo de otros procesos que se han abierto con resultados distintos, pero con un nexo común: el riesgo que pueden suponer para un negocio tan delicado como la prestación de servicios de asesoría jurídica los posibles ‘debes’ que los políticos reciclados al derecho pueden llevar en su mochila. Por regla general, las grandes firmas jurídicas españolas de derecho de los negocios se muestran muy reticentes a la incorporación de políticos de carrera sin una función clara y definida dentro de su estructura, ya sea por su especialización en algún área de práctica concreta, o por la utilidad en labores de desarrollo de negocio y búsqueda de clientes a través de su red de contactos.
Este último parece ser el caso de Albert Rivera, formado como abogado pero con muy poca experiencia profesional antes de dedicarse a la política y fundar Ciudadanos. Su labor como presidente de Martínez Echeverría se centraba más en la captación de clientes que en el desarrollo de soluciones legales técnicas en áreas complejas, como el Fiscal o el Mercantil, que exigen un nivel de dedicación y la coordinación de equipos técnicos especializados de alto nivel. Fuentes cercanas a ese caso aseguran que “no se ha dado la necesaria simbiosis entre una cosa y la otra” y se ha deteriorado la situación hasta llegar a un enfrentamiento radical entre ambas partes.
Antes que Rivera, los ‘saltos’ más sonados de ministros que pasan a grandes bufetes fueron el de Rafael Catalá, exministro de Justicia, cuando llegó a la firma Herbert Smith hace tres años; antes que él, Francisco Caamaño, que dirigió esa misma cartera en el Gobierno de Zapatero se incorporó en CCS Abogados, o el bufete Ramón y Cajal que acogería después a la exministra del PSOE, Carme Chacón. Del lado del PP, también han fundado sus propios despachos o se han incorporado a pequeñas firmas de asesoría legal ‘boutique’ otros exministros como José María Michavila y Ángel Acebes (MA Abogados), o Alberto Ruiz Gallardón.
Los dos procesos más notorios en los últimos años de traspaso de la alta política a las firmas de derechos son el de la exvicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y el de su compañera de Gobierno y de partido María Dolores de Cospedal, ambas abogadas del Estado, pero con trayectorias distintas dentro del sector legal privado. Sáenz de Santamaría, que es miembro del Consejo de Estado, entró como socia de Cuatrecasas cuando abandonó la alta política, el segundo bufete por volumen de facturación en España, con más de mil profesionales de alto nivel en sus filas. Desde entonces, se ha afianzado dentro del bufete en estos últimos tres años como experta en ‘compliance’ y gobierno corporativo y es una de las socias con más influencia en la actualidad. Dolores de Cospedal, que pasó más de 18 años en la política con más de diez cargos tanto en la Administración como en el PP, recaló como socia en el bufete CMS Albiñana & Suárez de Lezo, tras un intento fallido de entrar en la firma anglosajona Hogan Lovells. En junio del año pasado se dio de baja temporal en ese puesto ante su implicación en una de las piezas del caso Villarejo, si bien no ha sido imputada por ello.
Del jurista al asesor
De una forma o de otra, la formación en Derecho de una gran parte de los ministros que han estado en los últimos Gobiernos hace que el oficio de jurista en sus distintas dimensiones se convierta en una salida profesional idónea cuando los proyectos políticos se acaban. Unos como abogados del Estado o técnicos comerciales con formación jurídica y económica (Tecos), otros con una larga carrera en las instituciones del Poder Judicial o simplemente como funcionarios en el área jurídica de cualquier nivel administrativo, aunque no acumulen una experiencia clara en la atención a grandes clientes privados, en la mayor parte de los casos, el reciclaje al mundo del derecho es más fácil. Ni que decir tiene que, si la oposición que aprobaron fue la de inspector de Hacienda del Estado o la de fiscal, acabar la vida política en algún bufete, tras acaparar contactos y experiencia en la política, es muy habitual sobre todo en los altos cargos por debajo de ministros, como secretarías de Estado o direcciones generales.
Hay casos en los que suelen ocupar puestos como el de consejero de algún área de práctica (‘counsel’ en algunos despachos), una forma de guardar las distancias entre su labor, meramente consultiva, y la relación con los clientes, que suelen llevar directamente los socios o profesionales del bufete. No obstante, el puesto de ’counsel’ suele recaer más en figuras del mundo jurídico, como la Fiscalía o la magistratura, más especializadas y demandadas por los despachos privados por la gran aportación que pueden realizar, completamente distinta a la de los políticos de carrera.
Si ampliamos el abanico hasta los cargos intermedios de responsabilidad que pasan al sector privado, tanto a firmas legales como a grandes empresas de consultoría y asesoría, que incluyen un área jurídica fuerte en su conglomerados, la cifra de traspasos de lo publico a lo privado se dispara. De acuerdo con la base de datos elaborada por la Fundación Civio a partir de los informes semestrales de la Oficina de Conflictos de Intereses desde 2014 a 2021, el sector de la abogacía y las firmas de consultoría son el destino más habitual para políticos y miembros. Para ser exactos, al menos 115 políticos y piezas importantes de nuestras instituciones han escogido este camino en su retorno al mundo laboral en esos ocho años.
Las cifras muestran que, si se tienen también en cuenta al segundo escalafón de la Administración, grandes firmas como EY (6), Gómez-Acebo & Pombo (3), PwC (3) Llorente y Cuenca (3) o Herbert Smith Freehills (3) son las más agraciadas a la hora de conseguir captar talento de las filas estatales. Eso sí, el 18,26% de los profesionales que abandonan su puesto público optan por iniciar su carrera como abogado o asesor como autónomos.
Los datos también muestran que la mayor parte de las salidas hacia este sector se acrecentó con el relevo del Gobierno de Rajoy tras la moción de censura de Pedro Sánchez que sacó al PP de la Moncloa. Concretamente, entre 2018 y 2019, 56 cargos pusieron rumbo a despachos o firmas de asesoría, es decir, el 48,7% de todos los que contempla el listado de la Oficina de Conflictos de Intereses.
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