Boston (EEUU), 11 ene.- La causa abierta en Estados Unidos por perjurio y fraude contra el exmilitar salvadoreño Inocente Orlando Montano, investigado en España en relación con la matanza de seis jesuitas, cinco de ellos españoles, en 1989, pasará a un gran jurado, informaron hoy fuentes judiciales.
En una audiencia de apenas diez minutos después de que Montano se declarase no culpable, el juez federal de Boston Douglas Woodlock y los abogados de ambas partes se mostraron de acuerdo en trasladar el caso al gran jurado, que lo investigará para decidir si aprueba o no las acusaciones para permitir el consiguiente juicio.
La cita judicial se había aplazado por las negociaciones entre la acusación y la defensa ante la posibilidad de que Montano se declarara culpable de perjurio y falsificación de documentos migratorios.
Pero Montano, que inicialmente parecía dispuesto a admitir su culpabilidad, cambió de opinión cuando supo que la posible sentencia máxima era más alta de la que él pensaba y optó por declararse no culpable.
Los cargos de perjurio con intención de permanecer en Estados Unidos y falsificación de documentos migratorios conllevan una pena máxima conjunta de 20 años de prisión.
Ante esta situación, tanto la acusación como la defensa se mostraron de acuerdo en que el próximo paso debe ser trasladar el caso al jurado de investigación, para lo que se celebró la audiencia de hoy.
Ahora, el juez Woodlock ha dado un plazo de treinta días para la recopilación de datos y la presentación de documentos ante el gran jurado, integrado por ciudadanos, que deberá fijar una fecha para la vista.
Según las fuentes judiciales consultadas por Efe, la fijación de una fecha podría tardar aún meses.
Montano, de 69 años, había sido citado en diciembre pasado ante Woodlock para responder de los cargos.
Según revelaron entonces las mismas fuentes, Montano, a través de un intérprete, se hubiera declarado culpable ya en esa vista pero cuando Woodlock le enumeró los derechos a los que renunciaba durante el juicio y el requisito de que se declarase culpable de todas las acusaciones, las cosas cambiaron.
Un documento presentado el pasado 29 de noviembre citó un informe de la Comisión de la Verdad que asegura que hubo "pruebas sustanciales" de que Montano conspiró con otros oficiales del Ejército para planear y emitir una orden para la matanza de los seis jesuitas, su empleada doméstica y la hija de ésta.
En noviembre de 1989, los sacerdotes españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Armando López, Ignacio Martín Baró y Juan Ramón Moreno, así como el jesuita salvadoreño Joaquín López y López, y dos empleadas domésticas que trabajaban con ellos, Elba y Celina Ramos, fueron asesinados por un escuadrón en el campus de la Universidad Centroamericana.
El pasado 2 de diciembre, el Gobierno español acordó solicitar la extradición de 15 exmilitares salvadoreños, entre ellos Montano, bajo cargos de conspiración y asesinato de los cinco jesuitas y tres ciudadanos salvadoreños, así como de crímenes contra la humanidad y terrorismo.
La Ley de Amnistía de 1993 de El Salvador protege a militares e insurgentes que cometieron crímenes de lesa humanidad durante el conflicto armado (1980-1992).
El salvadoreño ha estado en EE.UU. desde al menos 2001, y en 2002 solicitó y obtuvo el Estatus de Protección Temporal (TPS), que el Gobierno estadounidense otorga a quienes no pueden regresar a sus países debido a conflictos civiles o desastres naturales.
Los documentos presentados en el tribunal indican que tanto en su solicitud inicial para el TPS como en otras solicitudes para renovarlo, el coronel retirado negó haber sido miembro de las Fuerzas Armadas en El Salvador, haber pertenecido a algún grupo que utilizase armas contra alguna persona o haber recibido capacitación militar.
El cargo de perjurio se debe a que pese a negarlo en su declaración Montano, de hecho fue miembro del grupo militar conocido como "La Tandona" y que contribuyó al aumento de la violencia durante la guerra civil en El Salvador (1980-1992).
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