Castilla la Mancha recibirá 18 millones por el impuesto de patrimonio

Madrid/Toledo, 18 dic.- El consejero de Hacienda castellanomanchego, Arturo Romaní, ha confirmado hoy que su comunidad contará con cerca de 18 millones para 2014 por el impuesto de patrimonio, al no tener que deducirlos del sistema de financiación autonómica.

Así se ha expresado tras la celebración del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que ha dado el visto bueno al nuevo plan económico financiero presentado por la Junta de Castilla-La Mancha, que no contiene nuevas medidas de ajuste, han informado a Efe fuentes del Ejecutivo autonómico.

Romaní ha presentado ese plan a petición del Ministerio de Hacienda después de que haya detectado que el déficit con el que la región cerró 2012 fue del 1,57 % del PIB, por encima del 1,5 % permitido.

Romaní ha argumentado que esa desviación se ha producido por un efecto estadístico provocado por el dato de PIB tomado por el Ministerio, que aún no es oficial y es menor que el utilizado por el Gobierno castellanomanchego.

De hecho, ha planteado que el déficit real con el que se cerró el año fue de 557 millones, 6 menos que el inicialmente anunciado.

"Ha de considerarse una pura formalidad", ha dicho a la salida del Consejo, ya que Castilla-La Mancha tiene garantizada "absolutamente su senda de consolidación fiscal y de estabilidad y sostenibilidad financiera".

Además ha valorado que este plan no suponga "ninguna medida adicional de ajuste".

En los fundamentos del plan se expone que "no se considera necesario" modificar "la senda de consolidación fiscal ya comprometida por la comunidad autónoma, puesto que en 2013 se han adoptado las medidas necesarias para cerrar con la cifra más reducida de déficit posible".

"En 2014 no es necesario adoptar nuevas medidas", de acuerdo con este plan, que plantea que "los presupuestos de 2014 garantizan la senda de la consolidación fiscal".

Además, se apunta que la previsión de cierre contempla una desviación respecto al objetivo de estabilidad fijado para 2013, que se deriva exclusivamente de una medida de "naturaleza excepcional, no estructural", motivada por la declaración de inconstitucionalidad del impuesto sobre determinadas actividades que inciden en el medio ambiente.

Este impuesto entró en vigor el día 1 de enero de 2001.

Esta circunstancia supone la devolución de los ingresos realizados y el pago de los correspondientes intereses desde el año 2001 a los sujetos pasivos, que son centrales nucleares y principales empresas eléctricas, y se valora para 2013 en 126 millones de euros, el importe cuantificado de las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.