Cataluña. La asociación de fiscales dice que permitir “la discusión jurídica” sobre la querella por el 9-n honra a torres-dulce

La Asociación de Fiscales (AF) considera un “paso muy cualificado” convocar una Junta de Fiscales de Sala para tratar la querella contra los responsables del llamado proceso de participación ciudadana en Cataluña y aseguró que permitir “la discusión jurídica” sobre las acciones penales a tomar en este caso es algo que honra al fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce.
Así lo dijo, en declaraciones a Servimedia, el portavoz de la AF, Emilio Frías, refiriéndose a la Junta de Fiscales de Sala convocada por Torres-Dulce para mañana, tras recibir ayer una comunicación de la Fiscalía Superior de Cataluña en la que se indicaba que, por el momento, no procede iniciar acciones penales contra los responsables de la consulta del pasado 9 de noviembre, a pesar de que el fiscal general había ordenado la presentación de esta querella.
“Es un paso muy cualificado y, aunque la responsabilidad de la decisión recaiga sobre una persona, consiste en oír a otros compañeros con alta cualificación jurídica para que den una opinión e, indudablemente, sus valoraciones serán tenidas en cuenta”, subrayó Frías.
A este respecto, explicó que es “habitual” la “discrepancia jurídica” o la “no coincidencia de parecer jurídico” dentro de la Fiscalía entre un jefe y los distintos fiscales. “Se contrastan opiniones y al final impera el superior jerárquico, como es lógico”, apuntó el representante de este colectivo de fiscales.
Según indicó Frías, mañana lo que se va a discutir es “si existen o no existen indicios de la comisión de un delito o varios delitos y las personas responsables y a qué título de participación”.
En este sentido, informó de que la convocatoria de la Junta de Fiscales se realiza en cumplimiento del artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que señala textualmente que “el fiscal que recibiere una orden o instrucción que considere contraria a las leyes o que, por cualquier otro motivo estime improcedente, se lo hará saber así, mediante informe razonado, a su Fiscal Jefe”.
“De proceder la orden o instrucción de éste”, añade el artículo, “si no considera satisfactorias las razones alegadas, planteará la cuestión a la Junta de Fiscalía y, una vez que ésta se manifieste, resolverá definitivamente reconsiderándola o ratificándola. De proceder de un superior, elevará informe a éste, el cual, de no admitir las razones alegadas, resolverá de igual manera oyendo previamente a la Junta de Fiscalía. Si la orden fuere dada por el Fiscal General del Estado, éste resolverá oyendo a la Junta de Fiscales de Sala”.
Por tanto, será Torres-Dulce quien finalmente resuelva cómo se debe proceder en este caso. No obstante, el portavoz de la AF dijo que esta no es una “crisis” en la Fiscalía, puesto que la convocatoria de mañana la “prevé la ley” en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. En todo caso, en su opinión, lo que se extrae de esta situación es que permitir “la discusión jurídica” honra al actual fiscal general.