La polémica por el uso del castellano en el colegio de Canet de Mar ya no solo afecta a los centros educativos de Cataluña sino que ha irrumpido en la esfera empresarial de la autonomía. La Cámara de Comercio de Barcelona se ha hecho 'eco' de la sentencia del TSJC, avalada por el Supremo, de impartir un 25% de castellano en los colegios y ha iniciado acciones para fomentar el catalán en las empresas desde su palestra. Su cúpula, liderada por independentistas de ANC con Mónica Roca al frente, ha lanzado un plan para que el catalán sea el único idioma que se hable en el régimen interno de las empresas e incluso ha expresado que dará facilidades al sector a través de documentos, formularios, contratos y plantillas, "que normalmente son difíciles de encontrar en catalán" para tal propósito.
Es más, la entidad se ha abanderado como la principal institución empresarial en Cataluña que lucha contra los "ataques" que "padece la lengua catalana" y por eso han llevado a votación en su pleno hoy un manifiesto donde especifican cómo desarrollarán la estrategia. Paralelamente, este miércoles, un diputado de Vox pateaba su escaño porque un diputado de la CUP hacía su discurso en catalán en el Congreso y Pablo Casado reprendía al presidente del Gobierno en la sesión de control por no asumir responsabilidades. En territorio catalán, la movilización se traslada a otros estratos y el compromiso de la Cámara, aprobado por mayoría, busca 'colarse' en todos los ámbitos del tejido empresarial, haciéndose extensivo a proveedores y clientes para que el "catalán sea un vehículo extensivo de aproximación al territorio". La Cámara ha condenado así, mediante un comunicado, el ataque al uso de catalán por parte de la justicia española, defendiendo que es la lengua propia y su función es de cohesión e inclusión.
La institución empresarial y económica de la capital catalana refrenda su invitación al mundo empresarial haciendo uso de la encuesta de usos lingüísticos del Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat). Argumentan que el catalán ha sido claramente reprimido a lo largo de los años ya que, tal y como muestran cifras de la encuesta, en 2003 el 47,3% hablaba catalán en el pequeño comercio y en 2018 el porcentaje se redujo a un 37,8%. El castellano en este periodo de tiempo, recalcan, pasa de un 37% a un 42,2%. Una realidad muy preocupante para la Cámara y que también se traslada a los grandes establecimientos, como explican.
El manifiesto emplaza a las diferentes Cámaras de Comercio, asociaciones y entidades de representación empresarial a sumarse a dicho compromiso para que se haga efectivo a todos los niveles. El texto puntualiza así que espera generar una 'ola de impacto' en el tejido económico e invita a que desde el sector se den las "acciones necesarias para hacer que el catalán sea la lengua de uso habitual en las empresas". La 'puntilla' reflexiva del manifiesto está en su conclusión, donde advierte que las consecuencias que puede tener para el catalán dicho 'ataque' también debe interpelar a pymes y grandes sociedades por lo que pide políticas públicas de apoyo al catalán, "favoreciendo su uso por parte de todo el colectivo que trabaja e interactúa".
La crispación por el 'Caso Canet' está desencadenando un 'efecto dominó' y no parece que vaya apaciguarse. Este sábado, sin ir más lejos, hay una manifestación en defensa de la inmersión lingüística, a la que acudirá el Govern, y este jueves se celebrará una cumbre por el catalán para hacer frente a la sentencia del Supremo. En la asamblea catalana nadie se ha puesto de perfil. El pleno de este miércoles se ha saldado con la aprobación de una moción de la CUP al modelo escolar y la inmersión lingüística que hacen referencia a diversos aspectos sensibles tras la resolución del Supremo.
Los principales puntos de la moción defendían el uso del catalán como lengua vehicular en la escuela, siendo un derecho para todo el alumnado, y la importancia de su protección para no generar "fracturas entre comunidades lingüísticas". Matices que han sido aprobado en el Parlament este miércoles gracias a los 117 votos a favor de los partidos nacionalistas y el PSC. El partido de Salvador Illa se ha abstenido, sin embargo, al cuarto punto, que establece que la inmersión lingüística-del catalán- es el modelo más adecuado para conseguir los retos de convivencia, multilingüismo y cohesión social. Por último, el Pleno también ha aprobado que sea la Conselleria de Educación la que asuma la responsabilidad política y jurídica para aplicar estos objetivos, "garantizando la seguridad jurídica del profesorado".
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