CCOO exige que se restituyan los derechos de asalariados del sector público

  • Madrid.- La federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO exige al Gobierno, y especialmente al vicepresidente tercero Manuel Chaves, que rectifique su política de vulneración de pactos y restituya el acuerdo para la Función Pública, "roto" con el recorte salarial impuesto por el Ejecutivo.

La Audiencia lleva al Constitucional el recorte a los empleados públicos
La Audiencia lleva al Constitucional el recorte a los empleados públicos

Madrid.- La federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO exige al Gobierno, y especialmente al vicepresidente tercero Manuel Chaves, que rectifique su política de vulneración de pactos y restituya el acuerdo para la Función Pública, "roto" con el recorte salarial impuesto por el Ejecutivo.

En un comunicado, el sindicato reaccionó así tras conocerse hoy el auto de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional que ha planteado una cuestión de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional por el recorte salarial a los empleados de la Fábrica de Moneda y Timbre.

El sindicato señala que si bien el auto se dicta respecto a dicho organismo, una "eventual declaración de constitucionalidad" podría afectar, de manera casi directa, a las más de 425.000 personas asalariadas del sector público en sus ámbitos estatal, autonómico o local.

De hecho, subraya CCOO, ya se han celebrado hasta la fecha las demandas correspondientes a Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE), Puertos del Estado y Autoridades Portuarias, entre otros, que pueden generar autos de similar contenido.

Añade que también podrían ser de aplicación a los más de un millón de empleados públicos sometidos al régimen laboral en las administraciones públicas y sus organismos autónomos, que suponen más del 45% del conjunto del empleo del sector público.

CCOO exige al Gobierno que restituya los convenios, pactos y acuerdos en vigor y retome la vía del diálogo y la negociación.

Según el auto conocido hoy, el Tribunal entiende que se han podido vulnerar los derechos de libertad sindical, negociación colectiva e igualdad de los 1.700 empleados públicos de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, que podría extender sus efectos al resto del colectivo.

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