Washington, 28 oct.- Paulo Vannuchi, uno de los siete comisionados de la CIDH, se ofreció hoy a ayudar a Argentina a nombrar un jefe de la Defensoría del Pueblo, institución que desde 2009 no ha encontrado un nuevo titular ante la falta de consenso en el Congreso, una idea que respaldó el Gobierno argentino.
La propuesta la realizó Vannuchi durante una audiencia para abordar el tema durante el 153 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se celebra en Washington.
El exministro brasileño escuchó las quejas de cinco asociaciones de derechos civiles sobre "la falta de una institución clave" desde 2009 cuando renunció al cargo Eduardo Mondino y la Comisión Bicameral asumió la responsabilidad de nombrar un sustituto.
La "parálisis" de esta institución ha impactado en los derechos de los argentinos, que ya no ven en el organismo al "abogado de la sociedad" que los legisladores crearon al incluir en 1994 esta figura en el orden constitucional del país, según los peticionarios.
"Ahora el pueblo no tiene abogado, el defensor está en estado catatónico y no puede hacerse cargo de las personas que más lo necesitan para atender sus derechos a la salud, la vivienda, la libertad de expresión o la protesta social", criticó Torcuato Sozio de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC).
Tras escuchar estas quejas, el comisionado dijo que la ausencia de "un puesto tan importante" como el del Defensor del Pueblo no es "buena" para la "institucionalidad democrática" y se ofreció a reunirse con la Comisión Bicameral para encontrar una solución.
Precisamente, Vannuchi fue invitado por el Gobierno argentino a una reunión de derechos humanos del Mercosur y Estados asociados, que se celebrará en Buenos Aires entre el 18 y el 21 de noviembre, explicó a Efe el subsecretario de Derechos Humanos de la Nación de Argentina, Luis Alen.
En nombre del Ejecutivo, Alen se comprometió a transmitir al Congreso de la Nación el deseo de Vannuchi de reunirse con los legisladores para encontrar una solución.
"El Estado informalmente ha hecho saber que quiere contar con un Defensor del Pueblo", subrayó Alen, quien incidió en que el nombramiento tiene que hacerse por un consenso que "no se ha encontrado en las fuerzas de la oposición".
A pesar de la ausencia de una cabeza visible, los derechos de los argentinos han sido protegidos por defensorías del pueblo descentralizadas, 14 de ámbito provincial y 27 municipales, según Javier Salgado de la Cancillería argentina.
La otra audiencia que se celebró en Washington sobre el país abordó los derechos humanos de las personas privadas de libertad en las cárceles en la provincia de Buenos Aires.
En ella, la Asociación de Pensamiento Penal mostró el testimonio de varios presos del Penal XV del municipio de Batán, que creen que las malas condiciones de las cárceles "van más allá" del castigo que les impuso la Justicia.
"Esto excede el castigo. No se cumplen los derechos de las personas. Estamos privados de libertad y vivimos en condiciones lamentables. Las cárceles están superpobladas. Hace cinco años que vivo en un baño", señala el relato de uno de los reclusos.
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