¿Habrá acuerdo? El Gobierno y las comunidades autónomas discuten la posibilidad de incluir un toque de queda entre las restricciones aplicadas para contener los rebrotes del coronavirus en el país. La medida restringiría las horas en las que los ciudadanos pueden moverse, y no está definida explícitamente en el ordenamiento jurídico español.
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, tiene claro que para implantar dicha propuesta -que ya se aplica en varias zonas de Francia y Bélgica- es necesario el consenso de los ejecutivos autonómicos y la declaración del estado de alarma. En ese caso, el Consejo de Ministros aprobaría las medidas concretas, como horarios, restricciones y excepciones, en un decreto, cabiendo incluso la posibilidad de establecer distinciones entre diferentes territorios.
Las medidas adoptadas en virtud del estado de alarma, regulado en la Ley 4/1981, tendrán una vigencia de quince días y las posteriores prórrogas deben ser validadas por el Congreso de los Diputados. La duda es si existen otras vías para aplicar una restricción de un derecho fundamental a toda o a buena parte de la población, como por ejemplo la Ley 3/1986 de Medidas Especiales en materia de Salud Pública.
Entonces serían los jueces quienes deberían validar la decisión, la Audiencia Nacional si se tratase de un acuerdo del Consejo Interterritorial o los distintos tribunales superiores si lo acordasen las comunidades autónomas. Han sido esos tribunales los que han ido validando medidas restrictivas de la movilidad aprobadas por distintos Gobiernos autonómicos y en pocas ocasiones (Aragón o esta misma mañana el País Vasco) las han echado atrás.
A fecha de hoy no está claro
Sobre el papel, la maniobra de Illa caminaba sobre seguro. Castilla y León, la Comunidad Valenciana, Andalucía y Castilla-La Mancha ya habían anunciado su apoyo a la medida. Pero a fecha de hoy la cosa no está clara: las CCAA se resisten a volver al estado de alarma. No hay unanimidad. Fuentes de la Generalitat cercanas a estas conversaciones trasladan a este medio sus reticencias al 'modus operandi' que plantea el Ministerio. "Reclamamos un informe jurídico sobre el paraguas legal que puede sustentar el toque de queda", afirman.
De los cuatro niveles de alerta establecidos por el departamento, solo el cuarto exige tomar medidas excepcionales y es de él del que brotan las suspicacias autonómicas. El departamento apunta a que serán las CCAA las que decidan en qué momento solicitar la activación de las restricciones que corresponden a esa 'alerta roja'. Dichas medidas afectan directamente a los derechos fundamentales de los ciudadanos. Según el texto de Sanidad, allí donde se requieran las acciones excepcionales, las CCAA deberán claudicar y solicitar al Gobierno que declare el estado de alarma en la región.
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