La posibilidad de que 70.000 policías locales puedan retirarse de forma anticipada hasta seis años antes cumplir la edad ordinaria de jubilación y con una prestación casi similar a la de su sueldo en activo (acreditando una serie de requisitos) ha abierto la puerta a reactivar las reivindicaciones de otros cuerpos policiales, como los Mossos d'Esquadra, la Policía Canaria o la Foral de Navarra, que tienen avanzados los trámites para conseguir unas condiciones iguales en jubilación anticipada y cobro de pensión.
Se trata de un derecho que han logrado ya los agentes municipales, ertzaintzas y bomberos, mientras que Guardia Civil y Policía Nacional, que son los cuerpos más numerosos, están sometidos al régimen de clases pasivas: también pueden retirarse antes, pero su pensión, que equivale al 100% de su haber regulador, apenas ronda los 1.800 euros brutos (unos 1.300 euros netos) y dista bastante de su sueldo como activo.
Tras años de reclamaciones, meses de conversaciones y un procedimiento reglado y tedioso, los avances para que los policías catalanes y canarios puedan jubilarse a los 60 años han sido importantes en las últimas semanas, tras la tramitación por parte de las administraciones autonómicas de gran parte de la documentación necesaria. El proceso sigue en marcha, pero la coyuntura electoral deja la pelota en el tejado del Ejecutivo que salga de las urnas el próximo día 28 de abril, que deberá materializar la medida en sendos reales decretos, similares al que aprobó el pasado enero para la policía local. Todos los partidos del actual arco parlamentario respaldan la medida.
En este momento hay tres expedientes abiertos -Navarra, Cataluña y Canaria- que siguen cursos diferentes y que están en fases distintas, según reconocía Octavio Granado, secretario general de la Seguridad Social, en una carta remitida recientemente a los responsables de Comisiones Obreras (CCOO). En el escrito se constataba que en el caso de la Policía Foral Navarra la tramitación está especialmente retrasada. No sucede lo mismo en el caso de los Mossos, cuyo expediente avanza, según reconocen desde el sindicato.
CCOO, un sindicato especialmente activo en la labor de generalizar el derecho de la jubilación anticipada a todos los Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad con el objetivo de rejuvenecer las plantillas, dibuja una situación con tres frentes abiertos: Cataluña, Canarias y Navarra. Manuela Oliva, responsable de Seguridad Pública de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de la central sindical, admite que los procesos electorales están afectando a determinados trámites, aunque no han paralizado los avances en Cataluña, pero sí en Navarra, "donde la interlocución con el Ejecutivo autonómico actual está rota".
De hecho, desde el sindicato se ha responsabilizado al Departamento de Interior del Gobierno foral -en manos de Nafarroa Bai- de "inacción y dejación" en lo referente a la jubilación de los efectivos y ha lamentado que su actitud demuestra "el poco cariño que este Ejecutivo ha tenido a lo largo de toda la legislatura por su Policía". Mientras, en el caso catalán, Oliva se muestra optimista y considera que desatascar la situación para los efectivos de esta comunidad, que tiene más 16.600 agentes, propiciaría de alguna forma que todas las policías autonómicas pudiesen disfrutar de la jubilación anticipada.
Como sucede con los policías locales, los agentes autonómicos tendrían que 'sobrecotizar', igual que la administración de la que dependen, para poder acceder a su pensión antes de la edad ordinaria de jubilación. En el caso de los policías locales -hay más de 2.300 cuerpos diferentes, con plantillas que van de 3 a 6.000 (la de Madrid)- el Ministerio de Trabajo establece una cotización adicional del 10,60%, aplicándose al ayuntamiento (empleador) un 8,84% y al trabajador un 1,76%.
Así, sobre una base máxima de 3.751,20 euros, el consistorio abonaría mensualmente la cantidad de 331,60 euros, y el empleado tendría una retención de 66,02 euros, según destaca Comisiones Obreras, que apunta que esta modalidad de reducción de años de trabajo no sale gratis para nadie. Manuela Oliva destaca que estas aportaciones complementarias a la caja única de la Seguridad Social son la única vía de garantizar el mantenimiento de las pensiones, presentes y futuras, y de ahí el 'copago' de los agentes municipales, similar al que también realizan en Bomberos y en la Ertzaintza.
El efecto de las jubilaciones de los policías locales
La entrada en vigor el pasado de enero del real decreto por el que los policías locales de toda España pueden jubilarse a partir de los 59 años ha provocado un espectacular aluvión de retiros anticipados de agentes. De hecho, en algunos ayuntamientos ya se están formando en las academias seis veces menos efectivos que los que pedirán su pensión en breve y se retirarán antes de que acabe el año. Mientras, en algunas administraciones están tratando de contrarrestar las retiradas masivas con más oferta de empleo, aunque las nuevas incorporaciones tardarán un año y medio en llegar.
Según se desprende de las estadísticas del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, solamente en los meses de enero y febrero se han jubilado a los 60 años 922 trabajadores -un porcentaje muy elevado de policías locales-, casi los mismos que en todo 2018, que fueron 967 personas y por encima de las 895 de 2017. Mientras, ya se han retirado a los 59 años la mitad de personas que lo hicieron durante todo el año pasado. Unido a esto, se ha producido un incremento muy importante de la pensión media, que ha pasado de 2.120 euros en 2018 a 2.351 en 2019 para los jubilados con 59 años y de 2.070 euros a 2.345 para los de 60.
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