Miércoles, 16.10.2019 - 22:40 h
Comienza en enero de 2020

Juicio a controladores: siete 'rebeldes' se saltan el pacto en busca de su absolución

Cerca de 130 cierran un acuerdo de conformidad que incluye indemnizaciones de 20 millones. De los 750.000 afectados, solo 15.000 siguen litigando.

Controladores aéreos
Las víctimas también buscaron resarcimiento por la vía administrativa. / Archivo.

Cuenta atrás para el juicio en Madrid contra un total de 134 controladores aéreos que con su huelga salvaje provocaron una crisis sin precedente en el tráfico aéreo de todo el país. Han tenido que pasar nueve años desde aquel puente de la Constitución de 2010 para que los acusados rindan cuentas ante la Justicia por unos hechos que llevaron al Gobierno a declarar el estado de alarma. La lentitud en la instrucción de todas las causas abiertas en un sinfín de juzgados del país ha provocado que muchos afectados acaben bajándose del barco; de los 750.000 perjudicados, solo 15.000 han aguantado el pulso hasta el final.

En lo que respecta a Madrid, epicentro de la crisis, el juicio arrancará el próximo mes de enero. La vista oral vendrá marcada por el acuerdo de conformidad parcial alcanzado por casi el grueso de los 134 controladores que se sientan en el banquillo; sin embargo, el juicio se celebrará en su totalidad porque siete de ellos se han desmarcado de las negociaciones y litigarán al considerar que no tienen responsabilidad penal en estos hechos, según informan fuentes de la investigación a este periódico.

Con todo, ha sido un proceso plagado de complicaciones, especialmente para los afectados que se quedaron en tierra aquel mes de diciembre de 2010. Sin ir más lejos, las negociaciones para alcanzar un pacto extrajudicial no han sido fáciles. El acuerdo recoge una indemnización de cerca de 1.000 euros para cada uno de los afectados, a lo que hay que sumar los gastos materiales (viajes, hoteles, etcétera) en caso de que los hubiera. Para afrontar este desembolso, los controladores hicieron una caja conjunta cercana a los 20 millones de euros de la cual saldrá el pago de estas cuantías.

Todos ellos se presentarán como culpables de delito de abandono de destino, el cual lleva aparejadas penas que van de 1 a 4 años de cárcel, así como inhabilitación absoluta o especial para ejercer cargo público. Sin embargo, este conflicto judicial tiene un trasfondo especialmente social. Gran parte de las víctimas que vivieron con impotencia cómo más de un centenar de controladores caían casualmente enfermos el mismo día y a la misma hora tuvieron que resignarse y asumir que no podrían disfrutar de sus vacaciones en esa fecha de descanso. Pero para otras muchas la repercusión de lo ocurrido fue infinitamente más grave.

"Mi padre murió solo en el aeropuerto"

Tal es el caso de un joven que no pudo ir al entierro de su padre por estos hechos o el de un hombre que falleció en los baños del aeropuerto de Barajas mientras aguardaba a la espera de poder coger un vuelo que tenía que haber salido muchas horas antes. Se trata de un testimonio que recogió su hija en una misiva remitida al despacho de abogados Cremades&Calvo Sotelo (que fue el que dio inicio a las acciones penales) y administrativas. "Mi padre, un hombre de 57 años, que regresaba de sus vacaciones, murió en unos baños del aeropuerto solo, repito, solo a las 8.10 de la noche, cuando su avión era de salir de barajas a las 6.15 y así llegaría a San Sebastián a las 7.15. Si esos sinvergüenzas, me refiero a los controladores, hubiesen estado en sus puestos de trabajo como tendrían que haber estado, mi padre hubiese llegado a donde sus seres queridos y si su destino era fallecer ese día, hubiese muerto rodeado por sus seres queridos y no solo en un baño del aeropuerto", reza la carta.

La lentitud en la tramitación de las denuncias ha hecho que muchos de los afectados hayan desistido de la vía judicial. De hecho, el despacho en cuestión está teniendo dificultad para localizar a muchas víctimas del suceso que serán indemnizadas tras el pacto alcanzado. La problemática que se han encontrado desde el bufete para dar con ellas es una buena muestra de la mella que ha hecho el paso del tiempo de cara al resarcimiento del daño.

El retraso en el avance de las diligencias hay que encontrarlo principalmente en que la causa, lejos de investigarse de manera conjunta, se desgajó en diferentes tribunales de todo el territorio nacional (Barcelona, Palma de Mallorca, Tenerife, Madrid…). En muchos de ellos las denuncias se archivaron pero en Mallorca llegaron el pasado año al juicio con un acuerdo de conformidad bajo el brazo. El reconocimiento de los hechos propició que se les aplicara la atenuante de reparación de daño; escenario que se vislumbra idéntico de cara a la vista oral del próximo mes de enero en la capital.

¿Por qué han tardado tanto en juzgarse estos hechos?

En el caso de Madrid, por ejemplo, la causa pasó por más de trece jueces diferentes. Comenzó investigándola el juzgado de instrucción número 3 pero apenas medio año después de abrir diligencias, la magnitud del asunto hizo necesario que se creara un juzgado 3 bis donde indagar estos hechos. Solo meses después de su creación éste desapareció y el grueso de la cuestión volvió a su lugar inicial. A partir de ahí, muchos cambios de titulares en la instrucción pero pocos avances.

De hecho, el desglose de este asunto en juzgados de toda España fue denunciado ante el CGPJ e incluso ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid por los afectados. Las víctimas reprocharon a la Justicia esta maniobra y explicaron que debería investigarse a todos los controladores de manera conjunta porque actuaron de mutuo acuerdo y porque la separación de la instrucción rompería con la continencia de la causa, pero no estas alegaciones no se estimaron.

Plan 'b': recurrir a la vía administrativa

Las acciones judiciales no se ciñeron exclusivamente al ámbito penal. El despacho que litiga en el pleito también inició acciones administrativas en la Audiencia Nacional. El proceso, que igualmente se eternizó en el tiempo, se dirigió contra Aena, ente que evitó asumir la responsabilidad de los hechos. Aunque se interpuso un recurso en nombre de 15.000 afectados, la Audiencia Nacional obligó como previo paso a investigar los hechos a que se desgajaran los recursos en función de perjudicados; esto es, que presentaran 15.000 recursos separados.

La respuesta no gustó a las víctimas y recurrieron al Tribunal Constitucional y hasta la Justicia Europea pero las explicaciones del magistrado acerca de que cada asunto requería un estudio por separado convencieron y se mantuvo su criterio. Ello derivó en que se dieran fallos de todo tipo: en algunos casos se les recompensó económicamente y en otro no a pesar de tratarse de los mismos hechos. Las indemnizaciones que se pagaron alcanzaron cuantías máximas de 600 euros.

El motivo por el cual los afectados actuaron contra Aena hay que buscarlo en el fondo del asunto. Cabe recordar que el origen de este 'plante' sin precedentes de los controladores se enmarca en las negociaciones que el colectivo estaba teniendo con Aena y el Ministerio de Fomento (dirigido entonces por José Blanco) en aras a renovar su convenio laboral. El conflicto entre las partes se agudizó especialmente por discrepancias en cuestiones salariales y relacionadas con la jornada laboral. El sector acusó en reiteradas ocasiones a Aena de no atender sus reclamaciones y cargó también contra Fomento por el hecho de que Blanco no asumiera la voz cantante en este asunto.

"Hacen falta mecanismos de resarcimiento"

Javier Cremades, presidente y fundador del despacho que lleva su nombre, explica en declaraciones a este medio que el escenario que se vivió en aquel momento fue de una gravedad tal que la Justicia tiene que dar respuesta a lo ocurrido, aunque sea tantos años después. En su opinión, hechos como el caos aéreo generado entonces ponen de manifiesto la necesidad de que se establezcan mecanismos de reparación colectiva en aras a que la ciudadanía no termine siempre siendo el daño colateral en cuestiones internas de la Administración pública.

Y no solo eso sino que insiste en que este litigio al final esconde una función social muy relevante porque se trata de defender los derechos de los usuarios que se vieron afectados de manera directa por esta huelga encubierta. Igualmente se hace eco de la repercusión negativa que tuvo este hecho para la imagen del país y del daño material y moral para los viajeros afectados. Tanto es así que en las indemnizaciones acordadas también se ha tenido en cuenta un resarcimiento moral que se ha pactado para todos y cada uno de los damnificados.

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