Controladores. Los controladores se niegan a declarar ante el fiscal de madrid

Los 12 controladores aéreos que comparecieron hoy ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Madrid por su supuesta responsabilidad en la crisis aérea desatada el pasado viernes se han negado a declarar, a pesar de que sobre ellos pesa una denuncia por un delito de sedición en la navegación aérea.
El fiscal jefe de la Audiencia Provincial, Eduardo Estaban, explicó en rueda de prensa que los 12 controladores se han acogido a su derecho a no declarar y que habían señalado que no lo harán hasta que no les cite formalmente un juez.
Estos 12 controladores forman parte del grupo de 26 trabajadores que se encontraban reunidos el pasado viernes en el Hotel Auditorium de Madrid y que fueron identificados por la Policía. La Fiscalía ha citado a declarar para mañana, viernes, a otros seis de estos controladores y el viernes a los últimos ocho.
Todos ellos han acudido a la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Madrid acompañados por sus abogados y, a pesar de la gran expectación mediática y del gran número de periodista que se congregaban a las puertas de los juzgados, ninguno de ellos ha querido identificarse como controlador.
RESPONSABILIDADES PENALES
Estas declaraciones se han producido en el marco de las diligencias abiertas por la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Madrid el pasado sábado para investigar las posibles responsabilidades penales de los controladores del aeropuerto de Barajas y la base aérea de Torrejón de Ardoz que abandonaron sus puestos sin justificación.
El fiscal jefe explicó que si a lo largo de la investigación encuentran indicios de responsabilidad penal contra los controladores, presentarán la correspondiente denuncia y llevarán el caso ante un juez. En este sentido, se mostró partidario de que las causas se instruyan en los juzgados de cada territorio y no en la Audiencia Nacional, porque, a su entender, este órgano jurídico no es competente para hacerse cargo del caso.
Esteban también señaló que el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha pedido a los Ministerios Públicos territoriales unidad de acción para aplicar los mismos criterios legales en todas las causas que se abran en toda España.
Este criterio podría llevar a la Fiscalía a pedir a la Audiencia Nacional que se inhiba a favor de los juzgados territoriales en la demanda presentada ante este órgano jurídico por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) contra los controladores aéreos.
En esta demanda, que ha correspondido por reparto al juez Ismael Moreno y que se encuentra pendiente de informe por parte de la Fiscalía, se acusa a los responsables de los controladores de delitos de sedición, coacciones y falsificación documental.
ACUSACIONES CONTRA EL GOBIERNO
El que sí dio la cara ante los medios de comunicación fue el portavoz de la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA), César Cabo, quien aseguró que los 12 trabajadores habían acudido a la Audiencia Provincial de Madrid para “responder por nuestras responsabilidades”.
Aun así, quiso dejar claro que la responsabilidad por lo ocurrido el viernes y el sábado es “compartida”. “AENA y el Ministerio de Fomento tendrán que asumir la suya”, dijo.
Cabo aseguró que fue “el clima de agitación” provocado por el decreto dictado el viernes por la mañana por el Gobierno, lo que “impidió a muchos controladores seguir desempeñando su trabajo”.
El portavoz dijo que el Ejecutivo podría “haber evitado” esta situación” y no haber promulgado el pasado viernes por la mañana un decreto en el que “se dice que una madre de familia tiene que devolver el permiso de baja, que una persona hospitalizada por cáncer tiene que devolver las horas a la empresa si ésta lo requiere”.
El portavoz acusó a AENA y al Ministerio de José Blanco de llevar más de un año “machacando a un colectivo ante la opinión pública y utilizándolo de forma demagógica”. En este sentido, aseguró que la Administración decía públicamente que quería negociar, pero “por detrás lo único que hizo fue sacar decreto tras decreto”.
Aun así, Cabo admitió que la reacción de los controladores fue “desmesurada”, a pesar de lo “inadmisible” del decreto dictado por el Gobierno.
RECURSO EN EL SUPREMO
El portavoz anunció además que el sindicato presentó esta mañana ante el Tribunal Supremo sendos recursos contencioso-administrativos contra los dos reales decretos aprobados por el Gobierno el fin de semana pasado para atajar la crisis aérea.
Cabo explicó a las puertas de la Audiencia Provincial de Madrid que han recurrido en el Alto Tribunal tanto el decreto que militarizó el control aéreo, dictado por el Ejecutivo el pasado viernes por la tarde, como el que promulgó la situación de estado de alarma, acordado el sábado tras un Consejo de Ministros extraordinario.