Italia y España serán los mayores receptores de las ayudas europeas vinculadas al Fondo de Recuperación aprobado en la segunda Cumbre Europea más larga de la historia, cuatro días y cuatro noches. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, abandonó Bruselas “satisfecho al 95%” y atribuía su descontento del 5% a la pérdida de ese porcentaje en las transferencias directas respecto a la cantidad al inicio de las negociaciones. Sin embargo, las ayudas del fondo ‘Next Generation EU’ no serán un chorro de dinero que empiece a fluir desde la capital comunitaria tras el pacto entre los líderes europeos, aliviando las tensiones del Tesoro español, las apreturas de Hacienda y la delicada situación de miles de empresas, autónomos y trabajadores. España atravesará una profunda depresión económica de al menos un año, hasta ver el grueso del dinero europeo, a partir de 2022.
De los 140.000 millones, hay una partida de respuesta rápida ReactEU de la que España obtendrá 12.400 millones de euros. Son las ayudas que se distribuirán con más premura y una gran parte llegarían ya en 2021 porque proceden de “fondos adicionales puestos a disposiciones del Fondo de Desarrollo Regional, el Fondo Social Europeo y otras pequeñas partidas incluidas en los actuales presupuestos plurianuales de la UE, que concluyen este año.
Para su aprobación y posterior desembolso acelerado, el Parlamento Europeo y los nacionales tendrán que aprobar cuando antes el Fondo de Recuperación validado por el Consejo. En Bruselas, los legisladores ya se han puestos las pilas y este mismo miércoles el presidente de la Eurocámara, David Sassoli, ya se reunirá con los líderes de los grupos parlamentarios para pactar el calendario de debates y votación. Será con toda probabilidad en una de las dos plenarias que se celebran en Estrasburgo en septiembre, a la vuelta del receso estival.
Sin salvavidas durante 2021
Las necesidades de financiación de España son mucho mayores y 12.400 millones, aun en toda su totalidad durante el primer semestre de 2021, sólo aliviarán una pequeña parte de premura de las arcas públicas. Como mínimo, el Tesoro tendrán que refinanciar cerca de 86.000 millones en bonos y obligaciones y otros 30.000 millones en letras del Tesoro durante todo el próximo año.
En una economía que retrocederá este año un 9,2% según las previsiones del Gobierno, con un déficit superando la barrera del 10% y el desempleo rozando el 20%, el salto a 2021 puede ser un calvario y el próximo año una transición por el desierto, a la espera de que las ayudas lleguen un año después. El PIB de España rebotará en 2021 hasta el 7% según los cálculos de Bruselas, pero la tasa de paro seguirá en el 17% frenando la recuperación por la caída de la demanda doméstica.
Sólo a finales de 2021 se verá la luz de los fondos europeos. Si el plan económico europeo vive una rápida ratificación, “el 70% de las transferencias ofrecidas por la Facilidad de Resistencia y Recuperación –la parte más jugosa del Fondo- deberá estar comprometida en los años 2021 y 2022”, señala el texto aprobado en la Cumbre. Comprometida no es distribuida, sólo que ya existen los proyectos receptores de la ayuda comunitaria que, luego, deben desarrollarse.
En 2023, el criterio para que España reciba dinero ya no será el desempleo, como había propuesto la Comisión inicialmente sino “la pérdida de PIB real en 2020 y la acumulada en el PIB real observada durante el periodo 2020-2021. “El 30% restante” de las ayudas de la Facilidad de Resistencia, continúa el texto, “deberá estar plenamente comprometido para finales de 2023”.
Todos estos fondos irán liberándose conforme España vaya cumpliendo con las reformas e inversiones de las que informe anualmente, lo que hará intermitente el fondo de dinero europeo. Durante 2024 y 2025 ya sólo será un goteo de miles de millones de euros, que poco a poco irán menguando.
Plan de reformas en otoño
Para recibir estos miles de millones del Fondo de Recuperación, el Gobierno debe acelerar el Plan de Reformas nacionales que enviará a Bruselas para el 15 de octubre, siguiendo las indicaciones previas de la Comisión recogidas en las “recomendaciones específicas por país” y luego pasar el filtro de los gobiernos de Holanda o Austria, que rebuscarán en el documento español la mínima pega para intentar llevarlo a examen al Consejo Europeo en un proceso que puede acumular tres meses más de retraso en las ayudas.
El gobierno tendrá que aparcar la derogación de importantes puntos de la pasada reforma laboral. Bruselas siempre ha alabado los resultados de esa reforma y no incorpora una marcha atrás en sus recomendaciones macroeconómicas. Lo que sí es insistir en “favorecer la transición hacia contratos indefinidos”, según las recomendaciones de 2018 y 2019, las últimas no influenciadas por el coronavirus.
España deberá apretarse el cinturón al menos durante 2021 y 2021 porque en las recomendaciones de Bruselas hay una alerta clara que piden “garantizar que la tasa máxima de crecimiento del gasto público primario neto no exceda el 0,6%” lo que se corresponde con “un ajuste estructural anual del 0,65”. Tendrá que haber subidas de impuestos y recortes de gastos.
Madrid también tendrá que eliminar las barreras profesionales y al mercado único que todavía existen dentro de España y que anualmente la Comisión le recuerda. Y “aumentar la inversión pública en investigación e innovación” además de mejorar “la cooperación entre el ámbito académico y privado”.
Estas últimas recomendaciones han mostrado durante la pandemia toda su importancia, al revelar la precariedad de los investigadores españoles en ramas como la química, farmacia, biotecnología o medicina. Así que las reformas de España no serán sólo para controlar el déficit o impulsar la economía verde, afectarán a muchos ámbitos y condicionarán las ayudas europeas.
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