La defensa de Eduardo Zaplana, ingresado en la prisión de Picassent (Valencia) por su implicación en el caso Erial, ha pedido la libertad del expresidente de la Generalitat y exministro por razones humanitarias, o en su defecto arresto domiciliario.
Fuentes del bufete de Santiago Milans del Bosch han indicado que ya han presentado recurso de reforma contra el auto de prisión contra Eduardo Zaplana dictado el pasado 24 de mayo por la titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia, aunque no han querido precisar cuándo. El recurso se fundamenta en razones humanitarias por el estado de "grave enfermedad" de Eduardo Zaplana, que en 2015 fue sometido a un trasplante de médula después de que se le diagnosticara una leucemia.
En el caso Erial, el juzgado de Instrucción número 8 de Valencia investiga, entre otras actuaciones, el presunto cobro de comisiones derivadas de la concesión de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV), realizadas en 1997 durante la gestión de Zaplana al frente de la Generalitat, y del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana, puesto en marcha en 2003.
Tras el ingreso de prisión de Zaplana, fuentes cercanas a la defensa del expresidente de la Generalitat y exministro consideraron que la medida de privación de libertad era "innecesaria, desproporcionada e injusta" para la continuidad de la instrucción de esta causa. Además de Zaplana, también están en prisión el abogado y asesor fiscal Francisco Grau y el ex alto cargo de la Agencia Valenciana de Turismo y exdirectivo del parque temático Terra Mítica, Joaquín Barceló.
Del resto de detenidos el martes por este caso, han quedado en libertad con medidas cautelares los empresarios Vicente y José Cotino; el ex jefe de gabinete de Zaplana en la Generalitat, Juan Francisco García; y Felisa López, mujer de Joaquín Barceló. Están investigados también en esta causa el ex director general de la Policía y exconseller Juan Cotino y Mitsuko Henríquez, secretaria personal de Zaplana.
La Fiscalía se opone a la puesta en libertad
La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto a la petición de libertad solicitada por la defensa jurídica de Eduardo Zaplana, en prisión desde el pasado 24 de mayo por el caso Erial, al considerar que existe riesgo de fuga y posibilidad de destrucción de pruebas. Este posicionamiento de la fiscalía de corrupción se ha producido después de que la defensa de Eduardo Zaplana, ejercida por el bufete de Santiago Miláns del Bosch, informara de que había pedido la libertad del expresidente de la Generalitat y exministro por razones humanitarias, o en su defecto arresto domiciliario.
La defensa justificaba esta petición por el estado de "grave enfermedad" de Eduardo Zaplana, que en 2015 fue sometido a un trasplante de médula después de que se le diagnosticara una leucemia. Tras la declaración de Zaplana ante la juez instructora, la Fiscalía ya anunció su oposición a la puesta en libertad de Zaplana, con los mismos argumentos esgrimidos ahora.
En el auto de prisión, la jueza acusó a Zaplana de los delitos de blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraude en la contratación, delito fiscal, falsedad documental, asociación ilícita para delinquir y grupo criminal.
Las investigaciones judiciales realizadas hasta ahora apuntan a que algunos de los empresarios beneficiarios de estas concesiones habrían pagado alrededor de diez millones de euros en concepto de comisiones.
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