La detención el martes de Eduardo Zaplana, el que fuera ministro de Trabajo y presidente de la Comunidad Valenciana, ha vuelto a poner sobre la mesa el común denominador de muchas de las tramas corruptas de la historia de la política en España. Contratos ilícitos, comisiones, cobros ilegales... y adjudicaciones. Como las de estaciones de ITV y parques eólicos, paradojicamente dos nexos de unión entre las detenciones del propio Zaplana y de la familia Pujol.
Por ejemplo, las estaciones de ITV, aquellos puntos en los que se realiza el mantenimiento obligatorio de los vehículos, parecen tener un imán para las comisiones ilegales. Las distintas comunidades autónomas deciden en que modo regulan la explotación de este servicio y eso ha sido aprovechado por algunos políticos. Algunas comunidades, como Asturias, gestionan directamente las estaciones de Inspección Técnica a través de una empresa pública. En otras, como Madrid, Castilla la Mancha y la Comunidad Valenciana, son privadas y, en el resto de autonomías estos servicios se desarrollan a través de concesiones administrativas.
El caso de las ITV en Cataluña fue la tumba política de Oriol Pujol, uno de los hijos del que fuera presidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol. A principios de este mismo mes de mayo, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña confirmaba que sería un jurado popular el que dictaminaría la cupabilidad o no del hijo de los Pujol-Ferrusola. Oriol estaría supuestamente implicado en el amaño de adjudicaciones públicas en concurso de estaciones de ITV en Cataluña. Su imputación, en el año 2013, estaba motivada por la lucrarse por esa vía, así como por beneficiar a ciertos amigos empresarios.
Con la detención de Eduardo Zaplana, las estaciones de inspección técnica de vehículos han vuelto a ponerse en el foco de las investigaciones de la policía. El que fuera presidente de la Comunidad Valenciana acometió la privatización de las ITV durante su mandato. Una veintena de instalaciones pasaron a manos privadas divididas en cinco lotes mediante un concurso de explotación por un periodo de 25 años. Por estos concursos, la administración pública ingresó 37 millones de euros.
La 'operación Erial', por la cual ha sido detenido Zaplana, investiga a través de la UCO la adjudicación de estos concursos. Aguas de Valencia, la CAM, Sedesa y Gesfesa fueron los adjudicatarios de las estaciones de ITV de la comunidad. Estas dos últimas serían en las que supuestamente la UCO centraría su foco. Sedesa, propiedad de Juan Cotino, expresidente de las Cortes Valencianas y ahora también detenido, consiguió hacerse con uno de estos bloques de estaciones ITV. Lo mismo ocurrió con Gesfesa, empresa propiedad de las familias Ferrando y Quesada, que también está bajo la lupa de la Unidad Central Operativa.
Pero las ITV no son los únicos sectores que tienen en común la familia Pujol y Eduardo Zaplana. La energía que genera el viento se ha convertido en un negocio para muchos y las investigaciones determinarán si los Pujol y Zaplana comparten algo más que sus visitas a la cárcel. La Consejería de Medio Ambiente de Cataluña había paralizado la apertura de tres parques eólicos en la comunidad. Oriol Pujol, en aquel momento diputado del Parlamento de Cataluña y, presumiblemente, fiel sucesor de Artur Mas, manifestó públicamente el interés personal de su padre, Jordi Pujol, en la apertura de estos parques eólicos. Sorprendentemente, solo nueve días después de estas declaraciones su apertura fuera aprobada.
Las adjudicaciones no fueron menos sorprendentes. Dos de ellos pertenecieron a Joan Fages, uno de los fundadores de CIU y empresario amigo de los Pujol. Otro de las estaciones generadoras de energía eólica perteneció a Carles Sumarroca Coixet, fundador de Convergencia Democrática de Cataluña junto con Jordi Pujol. Además de estas adjudicaciones, los informes sobre este sector también están en entredicho. Codema y Entorn, compañías mimadas de la Generalitat a la hora de realizar estas tareas, también se encuentran bajo investigación.
La 'operación Erial' que consiguió la detención del exministro de Trabajo también centra sus pesquisas en los parques eólicos. Vicente Cotino, sobrino del expresidente de las Corts Juan Cotino, poseía un 25% de la empresa Proyectos Eólicos Valencianos, la mercantil constituida con Endesa como máximo accionista (55%) y Bancaja como tercer socio con un 20%. Esta empresa fue una de las adjudicatarias de los parques eólicos creados en la Comunidad Valenciana durante el mandato de Eduardo Zaplana que ahora se encuentran bajo investigación.
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