Domingo, 24.06.2018 - 01:59 h
En la investigación durante su mandanto en la Comunidad Valenciana

El caso Erial sigue su curso y le atribuye a Zaplana recibir 6,4 millones de los Cotino

Atribuye al expresidente de la Generalitat y exministro de Trabajo Eduardo Zaplana hasta una decena de delitos, entre ellos los de asociación ilícita.

Zaplana entrando a prisión./ EFE
Zaplana es custodiado por un agente de la UCO./ EFE

La titular del Juzgado de Instrucción número de 8 de València, encargada de las investigaciones de la 'operación Erial', atribuye al expresidente de la Generalitat y exministro de Trabajo Eduardo Zaplana hasta una decena de delitos, entre ellos los de asociación ilícita y grupo criminal. Asimismo, considera que el exdirigente 'popular' recibió comisiones por un montante de unos 6,4 millones de euros procedentes de empresas de la familia Cotino.

Según adelanta 'El Mundo', la jueza investiga a Zaplana -al que ha enviado a prisión sin fianza - por los delitos de cohecho, prevaricación malversación de caudales públicos, fraude en la contratación, tráfico de influencias, falsedad documental, blanqueo de capitales, asociación ilícita para delinquir, grupo criminal y delito fiscal. Estima además que puede tener fondos ocultos en Andorra, Uruguay y Paraguay.

En su auto, que cita el diario, la magistrada se refiere a adjudicaciones a Sedesa -empresa de la familia Cotino- de parte de las ITV y del plan de Parques Eólicos de la Comunidad Valenciana aprobadas en la época de Zaplana al frente del Gobierno valenciano y por las que considera que el expresidente recibió "sobornos en perjuicio de otras empresas concurrentes, generando con ello importantes beneficios", que cifra en 6,4 millones.

Añade, según el mismo diario, que el pago de las comisiones "se efectuó en el extranjero para retornar el dinero a España, encubriéndose el verdadero origen del mismo, que ha sido utilizado para la adquisición de bienes". La instructora vincula a Zaplana con un desvío de fondos realizado hace 12 años a través de una sociedad, e implica a tres más en el retorno del dinero supuestamente desviado.

Además, se investiga si el expresident de la Generalitat utilizó automóviles e inmuebles a nombre de diversas empresas. Fuentes conocedoras de la investigación han indicado que este es uno de los hechos investigados que incluye el auto de prisión dictado por la jueza este jueves y que ha llevado al exministro a pasar su primera noche en el centro penitenciario de Picassent (Valencia). El documento de la instructora enumera también tres empresas vinculadas a Zaplana a través de las cuales podría haber realizado operativas para blanquear el dinero: Turnis Silvatica, Medlevante y Gesdesarrollos Integrales.

Durante su comparecencia a ante la jueza, Eduardo Zaplana se acogió a su derecho a no declarar y únicamente habló su abogado. El fiscal anticorrupción pidió prisión provisional, comunicada y sin fianza al entender que existía riesgo de fuga y ocultación de documentos, así como patrimonio oculto en el extranjero.

La defensa del ex alto cargo del PP, que había pedido previamente la libertad por la leucemia que sufre, se opuso y afirmó que no había ningún tipo de riesgo, aunque la jueza optó finalmente por imponer la medida solicitada por Fiscalía.

También han ingresado en prisión el exdirectivo de Terra Mítica Joaquín Barceló y el asesor de Zaplana Francisco Grau, que fue el único de los siete detenidos puestos a disposición judicial que prestó declaración en la causa, que permanece secreta. Según 'El Mundo,' en esta declaración Grau negó que las sociedades presuntamente implicadas tuvieran relación con el exministro.

La jueza dejó en libertad a los empresarios Vicente y José Cotino -sobrinos del expresidente de Les Corts y ex director general de la Policía, Juan Cotino, que está investigado policialmente en la causa-; a la mujer de Joaquín Barceló, Felisa López, y al ex jefe de Gabinete de Zaplana, Juan Francisco García.

Las medidas cautelares adoptadas para estas cuatro personas son obligación de comparecencia todas las semanas ante el juzgado, retirada pasaporte, prohibición de salir del país y facilitar número de teléfono para estar en localización permanente siempre que se les requiera.

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