Defraudadores y déspotas: así describe el pacto PSOE-Podemos a los empresarios

El primer apartado del pacto de gobierno entre PSOE y Unidas Podemos –"Un nuevo acuerdo para España"–, está dedicado al empleo, que, como todo el mundo sabe, es la mayor preocupación de los españoles.

Ese apartado no es el más extenso, pues ocupa solo seis páginas de un documento de 50 páginas. Pero hay algo que llama mucho la atención. Según los redactores de ese documento, los empresarios son los malos de la película: cometen fraude, roban derechos, despiden a los trabajadores por haber presentado bajas por enfermedad, escriben convenios colectivos a su placer, subcontratan con alevosía, imponen las condiciones que les da la gana, defraudan con los cursos de formación, abusan de los contratos de prácticas, encadenando uno tras otro, abusan aún más de los becarios, cambian las condiciones laborales cuando les da la gana, se aprovechan de la contratación a tiempo parcial, pagan desigualmente a los trabajadores por el mismo trabajo, practican la economía sumergida, alargan sin excusas la jornada laboral, ocultan a la inspección jornadas laborales, abusan de los autónomos (los falsos autónomos), tienen un gran descontrol del impacto de los nuevos riesgos laborales, como el uso de las TIC (Tecnologías de la Información y de la Comunicación), no aplican la perspectiva de género, imponen horarios irracionales, obligan a los empleados a estar permanentemente conectados, no protegen la lactancia y el embarazo, se les escapan los casos de violencia y acoso en el trabajo… En resumen, defraudan, explotan y manejan despóticamente sus empresas.

Todos estos abusos salen en ese primer apartado del documento “Un nuevo acuerdo para España”, firmado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Por eso proponen vigilar a los empresarios, inspeccionarlos y controlarlos.

Tras leer el documento, da la impresión de que tenemos empresarios del siglo XIX a los que solo les falta la explotación infantil para redondear la imagen de malvados.

Pero detengámonos un momento. ¿Es que empresarios no pagan los impuestos? ¿Es que no crean puestos de trabajo? ¿Es que no se arriesgan? ¿Es que se saltan todas las leyes? ¿Es que los bancos no les aprietan? ¿Es que Hacienda no les persigue?

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En todo el documento no se habla nada del fraude que cometen muchos trabajadores con el absentismo laboral. Tampoco se habla de los casos de trabajadores que cobran el paro y viven de las chapuzas de la economía sumergida. O los que aprovechan los bienes de la empresa para cuestiones personales. O de aquellos que no cumplen con su jornada laboral, o se van dos horas de compras en la media hora del bocadillo. En la administración pública se han dado casos de funcionarios que han estado años sin ir a trabajar. Y también hay multitud de casos de empleados despedidos que se llevan una enorme indemnización a pesar de haber defraudado a la empresa y a sus compañeros.

Todos los trabajadores en todas las empresas privadas y en los organismos públicos conocen casos de compañeros que se escaquean, abusan o pasan su carga de trabajo a los demás por el simple hecho de que no acuden a trabajar. Los falsos enfermos. Pero, ¿les denuncian los sindicatos? ¿Los neutralizan los comités de empresa?

Tampoco se habla de los abusos de los sindicatos, del régimen de los 'liberados', de los cursos de formación que sirven para financiar a los sindicatos, o de los comités de empresa que no representan a los trabajadores sino a los intereses del sindicato.

Pero en el documento preparado por Sánchez e Iglesias, eso no aparece. Los empresarios son los únicos malos. Merecen ser controlados, vigilados y sancionados. En las pocas oportunidades que se habla bien de las empresas, son las empresas de la economía social y de los emprendedores sociales, que merecen el respeto de los firmantes, pero que son una inapreciable minoría.

Lo que preocupa de este documento es la idea de empresa y empresario que muestran sus páginas. Parece que no han entendido que el 90% de las contrataciones en España proceden de las pymes, no del Ibex. La inmensa mayoría de esas pymes tienen que competir contra los oligopolios, pagar impuestos y sobrevivir. En muchos casos, sufren para pagar aumentos o el salario mínimo.

La única medida económica que proponen para los empresarios es para aquellos que tienen empresas que facturan menos de un millón de euros al año. Les bajarán el impuesto de sociedades dos puntos, del 25 al 23%. Pero luego, les cargarán con otros gastos. Por ejemplo, el documento propone que el salario mínimo suba de los 900 euros actuales a los 1.200 euros netos. Para cualquier empresario, a esos 1.200 euros hay que añadir contingencias comunes, desempleo, formación, lo que añade un 37% más, y también la parte del trabajador: un 6,35%. Eso eleva el gasto por empleado con el salario mínimo propuesto a casi 2.000 euros.

A los empresarios no les importaría pagar esos 2.000 euros siempre que eso les ayudara a agrandar su negocio, dar mejor servicio o a cubrir más zonas geográficas. Lo hacen cuando son optimistas. Pero parece que los redactores del documento no saben que la economía española lleva reduciendo su fuerza desde 2015. Crece menos. Este año ha crecido un 1,9%. Y el año que viene parece que será 1,5%, según la Fundación de las Cajas de Ahorros. El Indicador de Confianza Industrial está en negativo.

La pregunta es: ¿estos dirigentes políticos esperan crear empleo en 2020 poniendo en marcha un programa que aumenta los costes de las empresas en un año de caída económica? ¿Esperan crear empleo tratando a los empresarios como los malos de la película?

Salvo que a última hora, anuncien rebajas sustanciales de impuestos a empresas o a los ciudadanos, o incentivos a la contratación, España corre el riesgo de afrontar una nueva época de aumento desempleo con un Gobierno que considera a los empresarios casi unos delincuentes.

Quieren hacer todo lo contrario de lo que se ha hecho en los periodos de crecimiento del empleo. Desde que la democracia moderna echó a andar hace más de 40 años, los tres periodos de crecimiento del empleo se han basado en facilitar la contratación a los empresarios, en bajar cotizaciones o impuestos, o en subvencionarles para fomentar los puestos de trabajo.

Se puede discutir semanas si eso ha supuesto una disminución de los derechos laborales. Pero lo que no se puede discutir es que el mayor problema de este país, el desempleo, se ha solventado siempre con medidas parecidas, ninguna de las cuales aparece en el programa aprobado (y muy vago) por los líderes del PSOE y Unidas Podemos.

La realidad económica no se adapta a los manuales políticos. Los manuales políticos se tienen que adaptar a la realidad económica porque al final, la decisión de crear empleo o no crear empleo, está en manos de millones de pequeños empresarios, y ellos echan las cuentas de forma muy sencilla: ¿gano o pierdo con este puesto de trabajo?