Bilbao, 29 ene.- Los 68 ahorradores que han ganado la primera batalla en los tribunales con la sentencia que obliga al BBVA a devolverles lo que habían invertido en aportaciones subordinadas de Eroski no tendrán acceso a su dinero hasta que la resolución sea firme.
BBVA anunció el pasado lunes su intención de recurrir la sentencia dictada ese día por el magistrado del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Bilbao Marcos Bermúdez, que anulaba los contratos de esas aportaciones y le condenaba a devolver el dinero a los 68 clientes que le habían demandado en una causa agrupada iniciada por la Asociación de Usuarios de Bancos y Cajas de Ahorro de España (Adicae).
La presentación del recurso paraliza la devolución del dinero, por lo que los consumidores solo podrán acceder a sus ahorros cuando haya sentencia firme, han informado a EFE fuentes del BBVA.
Lo único que seguirían cobrando serían los intereses que les da cada año Eroski.
Si la Audiencia Provincial resolviera en el mismo sentido que el Juzgado de lo Mercantil, el caso podría recurrirse a su vez ante el Tribunal Supremo, lo que demoraría aún más el proceso.
De este modo, los consumidores accederían a sus ahorros después de que se conozca esa última sentencia, a no ser que Adicae pida una ejecución provisional del fallo del Juzgado de lo Mercantil para no tener que esperar hasta agotar todas las vías de recurso.
Fuentes de esta organización han apuntado a EFE que sus servicios jurídicos están analizando esta posibilidad, que tendría que ser aceptada por el tribunal competente de resolver dicha solicitud.
La Audiencia de Vizcaya se ha posicionado en otros pleitos similares a favor de los demandantes, como en un caso en que anuló un contrato de preferentes que había firmado una mujer de 85 años con el Banco Santander.
Y ha dado la razón a clientes de banco que han demandado a entidades bancarias por cláusulas abusivas.
La sentencia firmada por el juez Bermúdez, que exoneró de culpa a Eroski, sostenía que entre todos los demandantes "existe un nexo" que posibilitaba la demanda colectiva y que era "la defectuosa información suministrada en relación al riesgo del producto".
Por el contrario, el BBVA sostuvo que el procedimiento podía ser "invalidado" ya que en el juicio se analizaron tres casos concretos y no los 68, y "no se puede concluir" que todos los demandantes desconocían la información del producto.
Sin embargo, Bermúdez quiso dejar claro en su resolución que "todos los casos son sustancialmente idénticos" ya que se trataba del mismo producto, con la misma dinámica de contratación.
Se colocó un producto de inversión "complejo" entre clientes minoristas, después de facilitarles solo información verbal de lo que estaban contratando.
El juez constató que el banco no logró probar que sus comerciales entregaran información o "documento escrito alguno" que aclarara el riesgo de esas aportaciones.
Destacó también que fue el propio BBVA el que escogió los casos que se analizaron en el juicio y que seleccionó a los cinco directores de oficina y a otros cinco clientes que acudieron como testigos a la vista oral, de forma que ya tuvo ocasión de acreditar que la información dada era la correcta, y no lo consiguió.
En cualquier caso, Bermúdez también explicó en su resolución que ésta se asentaba en la doctrina del Tribunal Supremo sobre el vicio del consentimiento contractual y del deber de información que debe suministrar la entidad financiera.
El juez ordenó que el BBVA devolver a los compradores el dinero de las aportaciones más los intereses legales de su dinero, pero también ordenó que los clientes restituyeran al banco los intereses cobrados desde entonces, más los intereses legales de éstos.
Adicae calculó que el total de lo que el BBVA debería reintegrar a los demandantes sumaría alrededor de 2 millones de euros.
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