Miércoles, 21.08.2019 - 18:31 h
También a los miembros de su equipo de Gobierno

Denuncian a Puigdemont ante el Tribunal de Cuentas por desviar 1,9 millones al 1-O

De acceder a la petición de Sociedad Civil Catalana y abrir diligencias por estos hechos, se embargarían los bienes de los denunciados.

Foto de archivo de Carles Puigdemont
Carles Puigdemont no será juzgado en el Supremo porque permanece en Bélgica  / DPA

Carles Puigdemont y su equipo en el anterior Gobierno suman otro frente judicial. A la investigación penal que se ha seguido en el Tribunal Supremo podría sumársele ahora otra en el Tribunal Cuentas si el órgano admite a trámite una denuncia presentada por Sociedad Civil Catalana contra todos ellos por el supuesto desvío de 1,9 millones de fondos de la Generalitat para celebrar la consulta del 1-O.

La denuncia se interpone contra Puigdemont y otros 13 exconsejeros de su gabinete (entre ellos Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Rull o Josep Turull) por el destino de dicha cuantía al referéndum ilegal cuyo preparativo ocasionó, de acuerdo con el escrito, un perjuicio directo a los fondos públicos estatales no inferior a 87,1 millones de euros.

De admitirse a trámite la denuncia, se requeriría, al tratarse de jurisdicción contable, una fianza por el importe provisional del alcance, esto es, de 1,9 millones de euros e incluso el embargo en los casos en que resulte procedente, de acuerdo con el artículo 47 de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.

Sociedad Civil Catalana pide que se reclame a la Generalitat todos los contratos relativos a estos hechos; que Hacienda aporte toda la documentación recabada al respecto; que Interior certifique la cuantía de los gastos sufragados por la denominada operación 'Copérnico' con motivo del dispositivo policial desplegado para el 1-O; y testimonio del sumario tanto al Supremo como al juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona que investiga parte de estos hechos.

La denuncia recoge el relato de toda la organización previa a la consulta, prohibida por el Tribunal Constitucional. De hecho, se remonta a junio de 2017 para destacar que ese Ejecutivo sacó adelante una serie de medidas y cambios jurídicos en el Parlament para allanar el camino de cara a la celebración del referéndum. Así, destaca la confección de material electoral, la elaboración del censo y la comunicación a los catalanes de la convocatoria.

Condena de Artur Mas de 4,9 millones de euros

En lo que respecta al alquiler de locales para dicha jornada, la Generalitat desvió 900.000 euros, según la denuncia interpuesta por Sociedad Civil Catalana, la cual se ampara en los informes que obran en el sumario de la causa abierta en el Tribunal Supremo. En relación a esta última, ayer se celebró una vista de cuestiones previas para determinar si el alto tribunal es competente para juzgar los hechos; de ahí que solo falte fijar fecha de arranque de juicio oral, que se estima sea para mediados de enero. 

Cabe destacar que el pasado mes de noviembre, el Tribunal de Cuentas condenó al también expresidente catalán Artur Mas a devolver 4,9 millones de euros de la Generalitat empleados para la consulta ilegal del 14-N de 2014. El máximo órgano fiscalizador del Estado también consideró culpable por estos hechos a los exconsejeros Francesc Homs, Irene Rigau y Joana Ortega. 

Temas relacionados

Ahora en Portada 

Comentarios