Desahucios. El senado aprueba definitivamente la ley de deudores hipotecarios

El Pleno del Senado aprobó este miércoles, tras casi seis horas de debate, la ley de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, gracias a la mayoría con que cuenta el PP en la Cámara Alta.
El texto, que salió adelante con 142 votos a favor, 94 en contra y dos abstenciones, no tiene que volver al Congreso de los Diputados, ya que durante el trámite en el Senado no se han introducido cambios. Así, se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para su entrada en vigor.
Los grupos de la oposición habían presentado tres vetos (PSOE, PSC e ICV) y 275 enmiendas, que fueron todas rechazadas.
El senador del PP Fracisco Utrera agradeció a los grupos las enmiendas presentadas, y explicó que “se han estudiado, pero se ha decido no incluirlas”.
Utrera indicó que aunque el resto de grupos no apoye la ley, “no por ello nos sentimos solos”, ya que “nos sentimos acompañados por los votos que al PP le han dado en las elecciones”.
Además, comentó que se rechazan las enmiendas “porque no aportan nada”, “desvirtúan” la norma o “no tienen contenidos razonables”, si bien dijo a las formaciones políticas “tendremos que seguir hablando” porque “los problemas graves requieren soluciones continuadas”.
El texto aprobado surge de la fusión que ha hecho el PP en el Congreso del proyecto de ley de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios y de la proposición de ley, fruto de una iniciativa legislativa popular (ILP), para regular la dación en pago.
CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN
La senadora del PSOE María de los Ángeles Marra justificó el veto de su grupo a la ley en la “necesidad de adoptar políticas justas y equilibradas” ya que “hay riegos de romper la vertebración social” de España.
En este sentido, explicó que el Gobierno y el PP han hecho todo lo contrario, al proponer medidas “inútiles y profundamente desequilibradas”.
Es un texto que “no ofrece garantías legales ni un reparto equitativo de las cargas”, lamentó Marra, quien agregó que “no aporta soluciones, no recoge la ILP, ni medidas reales y justas”.
El senador de la Entesa Catalana pel Progrés de Catalunya Jordí Guillot defendió el veto que había presentado los miembros de ICV su grupo a la norma al considerar que “no resuelve el problema”, y criticó la ausencia en el debate del ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, quien en ese mismo momento intervenía en la sesión de control al Gobierno en el Congreso.
Guillot explicó que esta norma se debate por la “presión social”, la “necesidad de dar una respuesta justa” al problema de los desahucios y hacer frente a la “codicia de los banqueros”.
Por otra parte, lamentó el uso que se ha dado a la iniciativa popular, ya que lo que se recoge en la ley “nada tiene que ver con el sentido y contenido” de la misma, algo que calificó de “estafa legislativa “.
Por su parte, Carlos Martí fue el encargado de defender el veto de los senadores del PSC (integrados en la Entesa), y en su intervención lamentó que se haya perdido la oportunidad de hacer una ley “moderna, valiente y eficaz”.
Además, consideró que se podía haber enviado un “mensaje de fortalecimiento de la democracia”, y en lugar de eso se “menosprecia y ridiculiza” la ILP al “prostituirla” y hacer que pierda su “esencia”.
Desde las filas de CiU, el senador Ramón Alturo advirtió de que a pesar de la paralización de los desahucios durante dos años, la deuda de las familias seguirá creciendo, con lo que se mantiene el problema.
Según el senador de PNV Jokin Bildarratz, la gente no entiende que se ayude a Bankia y no a las personas que tienen problemas para hacer frente al pago de sus préstamos hipotecarios, lo que genera “desafección ciudadana hacia la clase política”.
Bildarratz destacó la necesidad de “dar una solución y acordarnos de aquella gente que no tiene a dónde ir” y que ha quedado fuera de esta norma, y agregó que a los bancos que ha recibido dinero público hay que “pedirles que se impliquen en ayudar” a quienes han contribuido a su rescate.
Mientras, José Manuel Mariscal, senador de IU, recordó algunos casos de familias que se han enfrentado en los últimos meses a procesos de desahucios, y criticó que algunos dirigentes populares hayan frivolizado sobre la dación en pago.
Para el senador de Coalición Canaria Narvay Quintero, el Gobierno ha desvirtuado la iniciativa popular y mostró su rechazo a la propuesta de ley.
SOLUCIONES “REALISTAS”
Desde las filas del PP, el senador Antolín Sanz respondió que el Gobierno ha dado respuestas “realistas y concretas” a un problema “urgente que no podía esperar”.
Además, el senado popular quiso dejar claro que existe dación en pago desde hace 14 meses para las familias en situación de vulnerabilidad gracias un Ejecutivo del PP.
Sanz aseguró que esta norma recoge “avances” en muchas materias, y pidió “coherencia” a los grupos que dicen que el PP apoya al sector financiero, pues señaló que por ejemplo la Junta de Andalucía “le ha condonado un pastón a la banca”.
Entre las novedades que se han introducido en la norma durante su tramitación en el Congreso de los Diputados se encuentran, como consecuencia de la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la modificación del procedimiento ejecutivo para que el juez pueda paralizar ejecuciones si detecta cláusulas abusivas.
Así, de oficio o a instancia de parte, el órgano judicial competente podrá apreciar la existencia de cláusulas abusivas en el título ejecutivo y, como consecuencia, decretar la improcedencia de la ejecución o, en su caso, su continuación sin aplicación de aquéllas consideradas abusivas.
El texto también recoge que, para reforzar la protección del deudor hipotecario en la venta extrajudicial, el notario podrá advertir a las partes si existe alguna cláusula que pueda ser considerada abusiva.
LÍMITE EN EL INTERÉS
La norma establece que, con el objetivo de reducir el importe que debe el deudor hipotecario, además de la limitación del interés de demora a tres veces el interés legal, se ha incluido la limitación del devengo de los mismos. Además, estos intereses solo podrán devengarse sobre el importe del principal y los mismos no pueden capitalizarse.
Por otra parte, se han limitado las costas del procedimiento de ejecución hipotecaria de vivienda habitual a, como máximo, el 5% del total reclamado.
Otra de las novedades que establece el texto es una regla de imputación de pagos si tras la ejecución hipotecaria resultase insuficiente para saldar la deuda. Así, la cantidad de la adjudicación del bien se imputará por mandato legal en este orden: intereses remuneratorios, principal, intereses moratorios y costas.
En cuanto al sistema de quitas (actualmente una reducción del 35% si se paga la deuda en 5 años y del 20% en 10 años), se aplica retroactivamente a las adjudicaciones de vivienda habitual hipotecadas anteriores a la entrada en vigor de la ley, siempre que a esa fecha no se hubiere satisfecho completamente la deuda y que no hayan transcurrido los plazos de 5 ó 10 años.