Según el acta de la reunión mantenida este martes, a la que ha tenido acceso Europa Press, los jueces han alcanzado un acuerdo por el que piden la retirada de dicha propuesta al considerarla "descabellada, oportunista y peligrosa", pues dicha medida llevaría al "colapso" al juzgado especializado al tener que hacer frente a "al menos" 7.000/8.000 demandas.
Los jueces consideran que la propuesta del CGPJ es "oportunista" porque "un reparto masivo de este tipo de litigios a todos los órganos judiciales de la Primera Instancia civil propicia llegar a comprometer la capacidad de éstos para dar salida al resto de los asuntos de otra naturaleza", añadiendo que "ya se ha conocido en el ámbito de esta jurisdicción la máxima avalancha de asuntos diversos como consecuencia de la crisis económica".
Además, los jueces ven la propuesta "peligrosa" porque "parece querer imponer una unificación de criterios en la aplicación de la doctrina jurisprudencial referidas a las cláusulas abusivas, como se desprende del tenor" del acuerdo del CGPJ, que recoge que el plan "permitiría dar una respuesta idéntica en tiempo y contenido a todos los ciudadanos".
De este modo, los jueces entienden que el CGPJ "podría reconsiderar su propuesta asumiéndose nuevamente la competencia de estas cuestiones por el órgano jurisdiccional que asumía la competencia jurisdiccional hace un año (los juzgados mercantiles)", agregando que "para facilitar el conocimiento de dichas demandas hay que atender al número de asuntos previsibles así como la carga de trabajo de entrada que, sin la avalancha previsible, ya vienen soportando los juzgados de Primera Instancia de Sevilla".
En este sentido, recuerdan que en el año 2015 cada uno de los 22 juzgados de Primera Instancia de la capital hispalense conocieron de una media de 2.035 asuntos entre contenciosos, jurisdicción voluntaria y ejecución, de manera que dicha entrada supone "un 130 por ciento" más de la considerada como adecuada, punto en el que indica que, en 2016, estos juzgados conocieron un 119 por ciento más de asuntos que el previsto en el módulo racional de entrada.
"COLAPSO"
Así, en el año 2016 las demandas relativas a cláusulas abusivas alcanzaron la cifra de 1.959, "y la tendencia, sin esperar la avalancha previsible, es que las demandas de esta naturaleza supongan, al menos, 3.900", a lo que habría que añadir "las que el propio CGPJ estima que ingresarán para su registro y reparto, como consecuencia" de la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en su sentencia de diciembre de 2016.
A juicio de los jueces, aunque el juzgado que se especializara para atender las demandas por cláusulas suelo fuera reforzado con uno o varios jueces de adscripción territorial (JAT), "debería asumir lo inasumible por colapso, cifras de al menos entre 7.000/8.000 demandas de la naturaleza que se informa".
Con ello, "no sería posible conceder la tutela judicial efectiva en tiempo, con resultados contrapuestos a los pretendidos" y "se dictarían sentencias tras el transcurso de varios años". "Incluso, dada esta circunstancia, no se lograrían acuerdos entre las partes, con la consiguiente ineficiencia que se atribuiría a la Administración de Justicia, a los juzgados en suma, una vez más", apostillan.
TRAMITACIÓN "COMPLEJA"
Al hilo de ello, señalan que la tramitación de los asuntos referidos a las cláusulas suelo "es compleja", ya que, "tras el trámite escrito, es preciso celebrar una audiencia previa y después el acto del juicio, con la práctica de la prueba", de forma que, "aún cuando un JAT o varios reforzaran al órgano, no lograrían asumir la entrada de asuntos de esta naturaleza, tal y como sucedió con la anterior competencia en la materia de los juzgados de lo Mercantil".
Además, el plan "debería de contar con funcionarios de refuerzo" y "con espacios para las secretarías y salas de vistas, con los que desarrollar en condiciones dignas el plan de urgencia".
Por todo ello, ninguno de los 22 jueces de Primera Instancia de Sevilla "se ofrece para asumir esta materia competencia en exclusiva y no excluyente, básicamente" porque, tras el desarrollo del plan previsto por el CGPJ, "el órgano sufriría una situación de colapso de muy difícil solución".
"Dados los perjuicios que el plan supondrá, estimamos que la solución al problema previsible, y que ya se viene percibiendo por el lento pero constante aumento de demandas referidas a cláusulas suelo, pasa además de la retirada del plan propuesto, por la creación de nuevos juzgados de Primera Instancia y no de simples refuerzos", concluyen.
EL PLAN
La solución que contempla el CGPJ consiste en la especialización de un Juzgado de Primera Instancia en cada provincia, con competencia extendida a todo el territorio de la misma, que de manera exclusiva y no excluyente conozca de la materia relativa a las acciones individuales previstas en la legislación de condiciones generales de la contratación y la protección de consumidores y usuarios.
El Consejo considera que el plan debería ponerse en marcha el próximo 1 de junio, de modo que los juzgados especializados puedan asumir las demandas que se produzcan una vez concluidos los cuatro meses que suman los plazos establecidos en el Real Decreto-Ley 1/2017 para que las entidades de crédito adopten las medidas necesarias para dar cumplimiento a sus previsiones y para que el consumidor y la entidad lleguen a un acuerdo o se tenga por concluido el procedimiento extrajudicial.
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