Díaz ve cercano el apoyo de Ciudadanos mientras el PP lo supedita a pactos locales

Susana Díaz está dispuesta a agotar todas las posibilidades de negociación antes de convocar de nuevo elecciones. Eso, al menos, es lo que se desprende de su último mensaje: una nueva convocatoria de reuniones, la próxima semana, con los dirigentes de los cinco grupos parlamentarios para intentar cerrar de una vez por todas la investidura que se le resiste desde hace más de 70 días.El órdago de Díaz no es nuevo. Es más, en los últimos tiempos ha sido insistente en el juego de tira y afloja que desde el pasado 22 de marzo se vive en Andalucía, con los grupos recelosos del pacto y una presidenta en funciones a quien el sabor de la victoria se le ha ido tornando más amargo conforme pasaban los días.El mensaje de la líder socialista lo repiten otros miembros de su gabinete. El martes, el presidente del Parlamento ya advirtió de que ese juego tenía fecha de caducidad. Concretamente, el 5 de julio, día en que deberá haber acuerdo o, en caso contrario, la comunidad se verá abocada a una nueva convocatoria electoral. Díaz viene insistiendo en ello desde que el pasado 14 de mayo los grupos le dieran una nueva negativa a la investidura.Durante este tiempo, los grupos se han enrocado en sus exigencias sin soltar lastre para facilitarle las cosas a dirigente andaluza. No obstante, la situación podría virar en los próximos días. En el entorno socialista se da prácticamente por seguro un acuerdo con Ciudadanos para que este partido se abstenga en la nueva votación de investidura. La formación, que en Andalucía encabeza Juan Marín, ha realizado en los últimos días algunos gestos que refuerzan la teoría: entre ellos, el de suavizar lo que antes era una férrea condición, la dimisión inmediata de Chaves y Griñán, y que ahora dulcifican en un compromiso por escrito de la presidenta en funciones para pedir el acta de diputado de este último expresidente en caso de que sea imputado por el Supremo en el caso de los ERE. Díaz ya se comprometió hace meses a pedir su escaño si esto ocurría-"si a alguien le imputan un delito va a tener que dejar su escaño", dijo el pasado 9 de abril, destacando también que "no iba a tener en ninguna Cámara a ningún imputado"-al tiempo que ambos dirigentes han anunciado que no repetirán en una lista electoral. La intención de Chaves, no obstante, era renunciar al acta únicamente en caso de que resulte imputado.Pese a que Marín reconoció, en conversación con este periódico, que una nueva convocatoria electoral era una "posibilidad real", no oculta tampoco su deseo en que esto no suceda. "Eso no es bueno para nadie, ni para los partidos políticos ni para el conjunto de la sociedad andaluza", dijo en la misma entrevista, en la que recordó que su partido "no persigue ningún rédito político con un posicionamiento contrario a la investidura". Marín valoró entonces ciertos pasos de Díaz, en especial en la lucha contra la corrupción: "Creo que la apisonadora ha frenado y está empezando a producirse un cambio", dijo, "se ha entendido que hay que dialogar y consensuar".La postura del PP se sitúa a día de hoy en segunda posición en "dureza" a la investidura de Díaz. Dos son las condiciones que exigen los populares: el respeto a la lista más votada y medidas programáticas en economía- reforma del IRPF y del impuesto de sucesiones y donaciones-servicios públicos y regeneración democrática. Pero, aunque en público lo nieguen, en filas 'populares' reviste de especial trascendencia la primera.

"Si Susana Díaz realmente cree que hay que respetar la lista más votada tiene una oportunidad de oro el día 13 de junio y en ese tablero nos vamos a encontrar y podemos llegar a un acuerdo, pero depende de su actitud", dijo esta semana el candidato andaluz Juanma Moreno.

El PP quiere conservar especialmente sus alcaldías, la de Sevilla, la de Cádiz o la de Málaga, donde han sido la fuerza más votada pero donde su gobierno peligra por un posible pacto de izquierdas. Los populares afean la "doble vara de medir" de Díaz, que defiende su presidencia por haber sido la suya la lista más votada. Los socialistas, no obstante, interpretan la presión de los 'populares' como un "cambalache" y advierten de que no entrarán en "estrategias o tácticas" de intercambio de apoyos con el PP en Andalucía. Un mensaje que se traslada desde la cúpula de Ferraz.

Hoy, Moreno ha lanzado su advertencia a Díaz para que, o dialoga con su partido o, por el contrario, "se echa a los brazos de Podemos". Entre los populares arrecian no obstante las resistencias a un pacto con Díaz y, en todo caso, emplazan a tomar decisiones hasta pasado el 13 de junio, día en que deben quedar constituidos los ayuntamientos.Marca distancias con Ferraz

Las informaciones sobre un posible acuerdo para que Teófila Martínez conserve el Consistorio gaditana han inundado estos días la crónica política andaluza. Los contactos entre ambas formaciones existen aunque los partidos niegan cualquier negociación cerrada. "Así no, Susana", le advirtió a la presidenta el pasado fin de semana el secretario general de Podemos. En juego está que José María González, Kichi, sea el alcalde durante los próximos cuatro años. El cabeza de lista de la agrupación de electores respaldada por Podemos en Cádiz no fue la lista más votada, pero la pérdida de la mayoría absoluta de Martínez le podría brindar la alcaldía gracias a un eventual acuerdo entre PSOE, terceros en respaldo, e IU. Entre los socialistas andaluces, no obstante, existen notables recelos a facilitar este acuerdo.

En contra de la estrategia seguida por Ferraz, Díaz ha querido marcar distancias con la táctica de Sánchez. Podemos, partido que el secretario general ve como socio prioritario en los acuerdos postelectorales-como así quedó confirmado tras la reunión que los dirigentes de ambos partidos mantuvieron este miércoles-no es del agrado de la presidenta andaluza. Y tampoco las cosas se le ponen fáciles. El partido, que en Andalucía encabeza Teresa Rodríguez-partidaria, en su día, de la línea defendida por Echenique frente a la de Iglesias- ha marcado unas líneas rojas que no han cedido ni un milímetro. Entre ellas, que la Junta vacíe los fondos de los bancos que desahucien, y un fuerte compromiso por la reducción de altos cargos para destinar la partida presupuestaria a sanidad y educación públicas. Los socialistas han puesto objeciones a ambas condiciones: a la primera, por considerarla no acorde a la legalidad. En la segunda, con un compromiso muy tibio y limitado a apenas un 10% de los cargos.