Dina Bousselham ha vuelto a salir en defensa de Pablo Iglesias. Su exasesora en el Parlamento Europeo ha remitido un escrito a la Audiencia Nacional después de que el magistrado del caso Villarejo haya reabierto esta parte de la investigación, tal y como lo sugirió el Tribunal Supremo. La consultora rechaza de plano que se practique una nueva pericial de la tarjeta telefónica que le devolvieron tras robarle el móvil en 2015 y carga contra el magistrado por "inculpar" a Iglesias en la comisión de tres delitos por este asunto. De hecho, asegura que son víctimas de la conocida como policía patriótica a la que acusa de estar detrás del supuesto robo del teléfono y posterior difusión en algunos medios de comunicación.
Así lo explica en un escrito remitido al Juzgado Central de Instrucción número 6 en el que recurre la decisión del magistrado de reactivar esta parte de la investigación. El instructor cerró la pieza décima del caso Tándem dejando a los pies del banquillo a los acusados en la misma, a la par que envió una exposición razonada al Tribunal Supremo para que investigara a Iglesias por su condición de aforado. Sin embargo, la Sala de lo Penal, siguiendo el criterio de la Fiscalía, le devolvió el asunto y le dijo que tenía que practicar más diligencias en aras a acreditar los hechos que achaca al vicepresidente segundo del Gobierno. García Castellón atribuye a Iglesias los delitos de revelación de secretos, daños informáticos y denuncia falsa tras acreditar que se quedó un tiempo indefinido con la tarjeta de Dina y que, cuando la devolvió, no se podía acceder a su contenido.
Por ese motivo ha vuelto a encargar una nueva pericial del dispositivo en aras a esclarecer qué contenido almacenaba y por qué no se pudo recuperar. Ahora Dina cuestiona esta decisión y explica que las pruebas practicadas hasta la fecha ya demostrarían que la tarjeta llegó intacta a la empresa que estudió su recuperación y que ellos, lejos de ser los responsables de lo ocurrido, son víctimas de la brigada parapolicial liderada entonces por el comisario Villarejo. "Aun constando el resultado de las pesquisas que indican con claridad que la tarjeta no fue dañada por ninguna de las víctimas y/o por los investigados sino por la empresa de recuperación de datos, el instructor no cesa en su empeño de inculpar a mi representada y a Iglesias en la presunta comisión de ilícitos, cuando son las víctimas perjudicadas hasta la fecha", reza el escrito al que ha tenido acceso La Información.
La abogada de Dina Bousselham añade que "existe un interés desmedido y no disimulado" en imputar a Iglesias la comisión de estos delitos en vez de investigar a la excúpula policial. Al respecto recuerda que el pasado mes de agosto, cuando la pieza todavía estaba abierta, pidieron que se citara a declarar al exdirector general de la Policía Ignacio Cosidó, así como a otros miembros de la cúpula policial en el momento de los hechos y al exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez. Además, vuelve a recordar parte de la declaración de Villarejo en sede judicial en relación a las investigaciones extrajudiciales a Podemos y a la redacción del informe PISA con pruebas falsas contra el partido y que atribuyó a Ángel Fuentes Gago, tal y como adelantó este diario.
Sin embargo, el instructor del caso Tándem, que ya investiga a casi todos ellos en la pieza del espionaje a Luis Bárcenas (Kitchen), rechazó la diligencia y se centró en estudiar si, como expuso el abogado despedido de la formación José Manuel Calvente, la denuncia interpuesta del robo del teléfono fue falsa. El letrado relató en su declaración como testigo que en realidad los pantallazos del teléfono de Bousselham llegaron a manos de otros miembros del partido y que fueron ellos los que los difundieron en el marco de una guerra interna. El propio Villarejo señaló en su interrogatorio de marzo de 2019 a Bousselham y dijo que le llegó que fue ella la que los difundió por una cuestión de "despecho". La exasesora niega por completo estos hechos.
"La Sra. Bousselham ha puesto de manifiesto la amistad que, más allá de la relación laboral o política, mantiene con el Sr. Iglesias durante estos últimos años y entendió, sin pedir explicación alguna al respecto, que aquel guardase la tarjeta hasta su entrega, como así declaró ya ante su Señoría en su día dada la forma que se había obtenido, sin ocultación alguna", añade la letrada Marta Flor. Bousselham admitió en su declaración del pasado mes de mayo que le sorprendió que el director de Interviú no le hubiera entregado a ella la tarjeta toda vez que llegó a la redacción y dijo que cuando la recuperó de Iglesias ésta no se podía leer. Posteriormente remitió un escrito a la Audiencia aclarando que bajo ningún concepto señalaba al líder de Podemos y que, de hecho, sí que pudo visualizar una única vez su contenido. Unos extremos que repite ahora en su nuevo escrito al magistrado instructor.
Su testimonio es clave en este asunto ya que, tal y como ha recordado el Tribunal Supremo, para acreditar el delito de revelación de secretos se requiere que exista denuncia previa del asunto, que en este caso correspondería a Bousselham. El Supremo expuso que, con los indicios que aportaba el magistrado, no quedaba clara la autoría de Iglesias y pidió la práctica de más pruebas. Entre ellas sugirió escuchar en sede judicial a los autores de la pericial sobre el tratamiento del teléfono declaren en sede judicial para conocer las causas que impidieron acceder a la información de la tarjeta, cual fue el sistema o la técnica empleada y si es posible recuperar todos estos datos.
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