Madrid, 24 may.- El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar, ha rechazado hoy dimitir -como le han pedido cinco de los 20 vocales de este órgano- y se ha limitado a lamentar el "quebranto" causado a la institución en un pleno que solo ha servido para evidenciar la división entre sus miembros.
Buena prueba de ello es que en el pleno, que ha durado cinco horas, otros siete vocales han pedido la renuncia de su compañero José Manuel Gómez Benítez, que fue quien acusó a Dívar de malversación por cargar al CGPJ gastos derivados de una veintena de viajes a Marbella (Málaga) en una denuncia que la Fiscalía archivó el pasado lunes al no apreciar delito alguno.
Según la portavoz del Consejo, Gabriela Bravo, Dívar ha lamentado el "quebranto" ocasionado al CGPJ, al Tribunal Supremo y a la carrera judicial y ha dado explicaciones acerca de sus viajes que no todos los vocales han considerado suficientes, ya que cinco de ellos le han pedido la dimisión, pero ni siquiera en esa solicitud ha sido posible la unidad entre quienes querían la marcha del presidente.
Cuatro de ellos -Margarita Robles, Félix Azón, Carles Cruz e Inmaculada Montalbán- han presentado su solicitud por escrito por considerar "insuficientes" las explicaciones de Dívar, mientras que Gómez Benítez le ha pedido la renuncia por separado.
El escrito de los primeros afirma que la actuación de Dívar ha supuesto un "quebranto" no sólo para el Poder Judicial, "sino también para todos y cada uno de los hombres y mujeres que sirven en la carrera judicial".
Los vocales añaden que la exclusión de responsabilidades penales derivada del archivo de la denuncia "no exime de responsabilidades políticas" y creen "desafortunadas" las explicaciones del presidente que "no se ha disculpado públicamente hasta la fecha".
Gómez Benítez tampoco ha salido bien parado del pleno -que tenía carácter deliberativo, por lo que no se ha producido ninguna votación-, ya que siete de sus compañeros le han pedido que sea él quien dimita por su "deslealtad" con el Consejo, al haber acudido a la Fiscalía sin informar antes al CGPJ.
La solicitud de renuncia de Gómez Benítez ha quedado plasmada en un escrito en el que se le acusa de crear intencionadamente una "campaña de desprestigio y confusión", se le reprocha que hablara con la prensa y no con Dívar y se le afea que haya metido "consciente y voluntariamente" al Consejo en una "guerra".
Los vocales que suscriben este documento son, además de la portavoz Gabriela Bravo -que ha sido una de las que ha expresado públicamente a Dívar su confianza en él-, Almudena Lastra, Gemma Gallego, Concepción Espejel, Antonio Dorado, Claro José Fernández-Carnicero y, según fuentes del Consejo, el vicepresidente Fernando de Rosa.
Así, en lugar de cerrar la crisis abierta, la reunión de hoy solo ha sacado a la luz que el "quebranto" del que habla Dívar está también dentro de la institución que preside.
El pleno, por ejemplo, no ha sido capaz de alcanzar ningún acuerdo concreto que trasladar a la opinión pública, salvo la voluntad de aprobar un "plan de austeridad" y trabajar para reforzar la transparencia y controlar el gasto.
Eso es mucho menos, por ejemplo, que lo que planteaba el vocal Manuel Almenar, redactor de un texto -que tampoco ha salido adelante- en el que, además de una disculpa más explícita por parte de Dívar, se proponía un acuerdo en firme para elaborar un "plan de transparencia" que delimite que todos los gastos deben realizarse con expresa justificación y motivación.
Las reacciones a lo sucedido hoy en el Consejo reflejan la decepción de buena parte del mundo judicial por lo que la presidenta de la Unión Progresista de Fiscales, María Morató, ha calificado de "oportunidad perdida".
Para el portavoz de Jueces para la Democracia, José Luis Ramírez, el que solo una minoría de los vocales haya pedido la dimisión de Dívar "contribuye a debilitar aún más" la credibilidad del CGPJ en una situación en la que los ciudadanos "no entienden" lo que ha sucedido.
Aún más allá ha ido el presidente del Foro Judicial Independiente, Antonio Dolado, que cree que el Tribunal Supremo debe investigar "de oficio" a Dívar porque pese al archivo de la Fiscalía los hechos "no están esclarecidos".
Solo Pablo Llarena, portavoz la Asociación Profesional de la Magistratura, mayoritaria en la carrera judicial y de carácter conservador, ha justificado a Dívar diciendo que "la dimisión es un acto voluntario". EFE
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