Madrid, 9 may.- El proyecto del Gobierno español de reforma del órgano de gobierno de todos los jueces del país chocó hoy con el rechazo de toda la oposición política y de numerosos magistrados, con la posibilidad de que, si se aprueba sin cambios, sea recurrido ante el Tribunal Constitucional.
El proyecto del Ejecutivo para reformar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) fue aprobado en el Congreso de los Diputados con el único apoyo del conservador Partido Popular (PP) y pasa ahora al Senado, donde esa formación cuenta también con una cómoda mayoría.
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, propuso que el nuevo CGPJ será elegido por las dos Cámaras del Parlamento por una mayoría de tres quintos, y sólo siete de sus miembros, entre ellos el vicepresidente, tendrán dedicación exclusiva, mientras que el resto sólo cobrarán por su asistencia a plenos o comisiones.
El Congreso y el Senado elegirán cada uno a cuatro juristas de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio profesional y otros seis cada uno de la carrera judicial, puestos a los que puede presentarse cualquier juez que tenga veinticinco avales o el respaldo de alguna asociación que represente a jueces y magistrados.
Durante el debate de hoy en el Congreso los portavoces de la oposición acusaron al Ministerio de redactar un texto que recorta la independencia del órgano de gobierno de los jueces, le quita poderes y le exime del control parlamentario, críticas que ha rechazado el representante del PP.
La oposición echó en cara al ministro Ruiz-Gallardón que, pese a su oferta de diálogo, no haya aceptado apenas enmiendas de contenido presentadas por los grupos en la tramitación parlamentaria.
El rechazo frontal de la oposición al texto del Gobierno para reformar el CGPJ llega después de que más de 350 jueces y magistrados de toda España hayan publicado un manifiesto en defensa de la independencia judicial en el que critican la reforma del Consejo General del Poder Judicial.
Los magistrados firmantes aseguraron que la reforma del CGPJ "rompe el equilibrio propio de la división de poderes" y "supone una subordinación del poder judicial al poder político", al tiempo que sostienen que la administración de justicia se encuentra "en una grave situación de deterioro estructural" por falta de medios.
También criticaron que la reforma se haya impulsado "de manera unilateral, de forma precipitada, sin ningún diálogo real y con la oposición de todos los sectores de la administración de justicia".
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