A casi tres décadas del ataque, el rol del Ejército chileno en ocultar información sobre uno de los crímenes más horrendos de la pasada dictadura quedó expuesto tras la confesión de uno de los exconscriptos que participó del hecho y que denunció maniobras orquestadas por la jerarquía de la institución para ocultar la verdad todos estos años.
Archivos estadounidenses desclasificados y conocidos este viernes confirmaron las maniobras de ocultamiento y el rol que jugó el propio exdictador Augusto Pinochet (1973-1990) en el encubrimiento de este crimen.
El caso puso de manifiesto "toda esta política institucional de encubrimiento a los crímenes y violación de los derechos humanos que se cometieron en dictadura", afirmó este viernes Carmen Gloria Quintana, quien junto al fotógrafo Rodrigo Rojas de Negri -quien murió tras agonizar por cuatro días- fue golpeada, rociada con gasolina y luego quemada por una patrulla militar el 2 de julio de 1986.
La confesión del conscripto permitió el procesamiento de 12 exmilitares, oficiales y suboficiales del Ejército chileno, algunos de los cuales había reconocido años atrás la propia Quintana como autores del ataque.
El escaso avance que había tenido este caso en la justicia "muestra que existe aún un gran manto de impunidad", sobre los crímenes cometidos en esa época, dijo a la AFP el analista Manuel Antonio Garretón.
"Los militares habían dado una orden de silencio, es decir, mandaron a mentir", agregó el sociólogo.
Para Quintana, quien sobrevivió a pesar de que el 60% de su cuerpo quedó quemado, el destape del caso es "la oportunidad para las Fuerzas Armadas de desmarcarse de lo que fue la dictadura", que dejó un saldo de más de 3.200 muertos y desaparecidos.
Con rastros del brutal ataque aún en su rostro, Quintana reiteró este viernes tras reunirse con el ministro de Defensa chileno, José Antonio Gómez, que el Ejército como institución debe "entregar y poner a disposición de la justicia a todos los responsables".
Bachelet se había hecho eco el lunes de los pedidos de Quintana y lanzó un enérgico llamado a las Fuerzas Armadas a entregar información: "Basta ya de silencio".
Para Garretón, la ebullición que provocó en la opinión pública el caso puede ser un punto de quiebre en relación con el tratamiento de su pasado reciente.
"Estamos en el comienzo de una nueva etapa y debiera terminar, culminar con la entrega de toda la información y con el castigo y la separación del Ejército de todos los que estuvieron implicados y con el juicio a civiles que participaron en la violación de los derechos humanos", añadió.
Pese a los llamados a pronunciarse, el Ejército hasta ahora ha entregado una tibia respuesta. En una breve declaración de prensa este jueves reiteró "su compromiso de colaborar con la justicia, proporcionando lo requerido por los tribunales, en todo aquello que esté bajo su conocimiento y competencia".
"El Ejército va a colaborar con toda la información que sea necesaria", enfatizó este viernes el ministro de Defensa.
A su vez, destacó la decisión del Ejército de "excluir" a dos de los doce exmilitares procesados que mantenían vínculos como contratados externos con la institución y anunció que ordenó recopilar información que permita poner en evidencia si existe algún otro militar o exmilitar en contacto con el Ejército que esté siendo investigado por alguna causa de violación de los derechos humanos.
Por su parte, organizaciones de familiares de detenidos desaparecidos, que por años han cuestionado al Ejército por ocultar información, exigieron al gobierno que ponga fin al secreto que desde hace 50 años rodea el contenido de un informe conocido en 2004 con las declaraciones de unos 30.000 torturados.
También pidieron una ley que permita degradar a los militares implicados en casos de violaciones de los derechos humanos.
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