Bogotá, 18 mar.- El alcalde de Bogotá, el izquierdista Gustavo Petro, depositó hoy en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) su esperanza de evitar la destitución e inhabilitación por quince años en su contra mediante medidas cautelares, algo que consideró un asunto de justicia.
"No sabemos si el sistema interamericano nos proteja o no. Si no lo hace, no nos quedará un centímetro cuadrado de justicia", dijo el alcalde de la capital colombiana.
Petro habló después de que el máximo tribunal de lo Contencioso Administrativo de Colombia negara los últimos recursos de amparo que buscaban suspender la destitución e inhabilitación que le impuso el pasado 9 de diciembre el procurador general, Alejandro Ordóñez, con lo cual se agotan las instancias legales contra esa sanción.
La Procuraduría considera que Petro cometió faltas graves en diciembre de 2012 al cambiar el modelo de recolección de basuras de Bogotá de manos privadas a un modelo público, lo que ocasionó durante tres días una crisis en ese servicio en la ciudad.
Según la Constitución colombiana, la Procuraduría General ejerce el Ministerio Público y el control disciplinario de los funcionarios del Estado, inclusive los de elección popular, y representa a la sociedad, sin competencia penal.
Pese al nuevo revés jurídico, Petro señaló que en caso de que las medidas cautelares de la CIDH lleguen será el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, quien tendrá "la responsabilidad de una decisión" en la que, en su opinión, deben imponerse "la justicia, la paz y la diferencia".
Durante una ceremonia con líderes indígenas, Petro señaló que la decisión del máximo tribunal de lo Contencioso Administrativo, conocido en Colombia como el Consejo de Estado, "son cosas que duelen".
El alcalde llamó a la calma y a la no violencia pues "esa no es la alternativa, porque sería una enorme irresponsabilidad y no cambiaríamos la historia".
Tras la decisión de los magistrados de la Sala Plena del Consejo de Estado que negaron las tutelas (recursos de amparo), la suerte de Petro está en manos del presidente Santos, que por ley es quien debe firmar su destitución en un plazo máximo de diez días después de recibir la notificación formal de la Procuraduría.
El alcalde espera, sin embargo, el recurso de las medidas cautelares pedidas a la CIDH, a la que acudió en diciembre pasado tras el fallo en su contra.
Petro, quien en su juventud militó en el desmovilizado grupo guerrillero M-19, fue elegido por voto popular para el periodo 2012-2015 tras haber sido en varias ocasiones congresista y candidato a la Presidencia en las elecciones de 2010.
El alcalde recibió este martes el apoyo de dirigentes de la izquierda colombiana, como la candidata presidencial del partido Polo Democrático Alternativo (PDA), Clara López, y de su compañera de fórmula, Aída Avella, del partido Unión Patriótica (UP).
"Me parece que un alcalde elegido popularmente en una ciudad tan importante como esta, cuya destitución implica la inhabilidad exagerada de 15 años, que significa su muerte política, es una mala señal para la democracia colombiana", dijo López.
Avella, por su parte, cuestionó si en Colombia existe realmente una democracia a la luz del peligro de destitución que se cierne sobre el alcalde de la capital del país.
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