El año de la reforma local

Inmaculada López Varona

Madrid, 13 dic.- 2013 pasará a la historia como el año en el que se aprobó la reforma local, la primera desde 1985, que afectará no sólo a los 8.117 ayuntamientos sino a su relación con las autonomías y a las de éstas con el Estado, marcada también por las reclamaciones de soberanía, financiación y competencias.

Con la futura ley, el Gobierno quiere clarificar, por vez primera, las competencias municipales, lo que servirá para eliminar duplicidades y finiquitar las impropias, aunque no lo ven así numerosos ayuntamientos, algunas comunidades y la mayoría de los grupos parlamentarios, que han votado en contra en el Parlamento.

Sus oponentes entienden que esa norma es recentralizdora, vulnera el reparto de competencias y condena a los ayuntamientos menores de 20.000 habitantes a ser prácticamente absorbidos por las Diputaciones, con lo que, a partir de ahora, se dedicarán a enterrar a sus vecinos, pagar las fiestas patronales y poco más.

Aunque la mayoría de las corporaciones despotricaban por gastos como pagar al conserje del colegio, cambiar las bombillas de una guardería o mantener un consultorio rural, ejemplos de algunas de las llamadas "competencias impropias", que ejercen los ayuntamientos cuando es responsabilidad de otra administración, lo cierto es que ahora no quieren desprenderse de ellas, aunque les suponga un gasto extra de unos 10.000 millones de euros.

Además, la reforma tensará, en la mayoría de los casos, las relaciones con las respectivas comunidades autónomas porque el retorno de esas competencias llega en una situación económica complicada y con una exigencia extrema del cumplimiento del déficit por parte del Gobierno central.

La obligación de cumplir con el déficit ha sido otro de los ejes de 2013 en el ámbito territorial, aunque para ello la Administración central ha mantenido instrumentos extraordinarios, como el Plan del Pago a Proveedores o el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), para ayudar a las arcas de autonomías y municipios.

El Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) es un mecanismo de carácter temporal y voluntario, al que pueden adherirse las autonomías que precisen atender los vencimientos de su deuda y financiar el endeudamiento permitido por la normativa de estabilidad presupuestaria.

Dotado con 18.000 millones en 2012 y 23.000 millones en 2013, se han adherido a él este año Andalucía, Cataluña, Castilla-La Mancha, Murcia, Comunidad Valenciana, Canarias, Baleares, Asturias y Cantabria.

El Ministerio de Administraciones Públicas recuerda que, con esos mecanismos extraordinarios, el Gobierno ha aportado 102.000 millones de euros a las finanzas territoriales y reconoce también la importante labor hecha por las comunidades y las corporaciones locales para reducir el déficit y equilibrar las cuentas.

El año termina con la esperanza de la mayoría de las comunidades de que en 2014 se diseñe un nuevo sistema de financiación que ponga fin a sus problemas financieros.

Los responsables del Gobierno han insistido en que primero se concretará la reforma tributaria, que derivará después hacia una nueva financiación autonómica y local.

Hablar de financiación pone nerviosos a los responsables autonómicos pues, aunque nadie defiende abiertamente el modelo actual, la mayoría teme que se pacte cediendo a las peticiones de alguna autonomía, en concreto de Cataluña, y no en foros multilaterales, como el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) o la Conferencia de Presidentes.

Hace unos días, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, pedía que se convocara esa Conferencia para abordar la nueva financiación y garantizar los servicios públicos y rechazaba negociaciones bilaterales "a media luz" o "en reservados" entre el Gobierno y las comunidades.

Su homólogo valenciano, Alberto Fabra, tampoco quiere que haya acuerdos "donde solo intervengan unos cuantos"; el madrileño, Ignacio González, quiere cambiarlo porque el actual perjudica a la región, mientras que desde Cantabria apelan a la dispersión y al envejecimiento de su población para ser la comunidad con mayor financiación por habitante en el nuevo modelo de financiación autonómica.

Es un debate difícil, en el que cada comunidad quiere que prevalezcan sus parámetros para lograr una mejor financiación per cápita, en unas negociaciones en las que se mira de reojo al resto, especialmente a Cataluña, ya que entienden que siempre ha salido beneficiada en los anteriores sistemas de financiación.

La aspiración de tener una financiación diferenciada, los problemas de liquidez y de impago a proveedores y la posición soberanista del presidente de la Generalitat, Artur Mas, y de los partidos nacionalistas han hecho a esta comunidad estar en el "ojo del huracán" informativo durante todo el año.

Son problemas con los que terminará 2013, pero que continuarán en 2014, año en el que, además, Cataluña quiere celebrar la consulta soberanista a la que se opone el Gobierno central y conmemorar el tricentenario de 1714.

La celebración no ha podido comenzar peor, pues al simposio "España contra Cataluña, una mirada histórica (1714-2014)", organizado por la Presidencia de la Generalitat y con título que ayudan poco a la convivencia, se suma ahora el texto de la pregunta y la fecha de la consulta, el 9 de noviembre.

Nada más conocerse ambas, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha advertido de que "no se va a celebrar", en una comparecencia conjunta con el presidente del Consejo Europeo, Herman van Rompuy, quien ha ratificado que una declaración de independencia de Cataluña la convertiría en un tercer Estado respecto a la UE, al que "no se le aplicarían los tratados". EFE

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