México, 17 jul.- La decisión del Supremo mexicano de restringir el fuero militar y obligar a todos los jueces a aplicar la legislación internacional en materia de derechos humanos a partir del caso del desaparecido Rosendo Radilla cambiará el modo de hacer justicia en México, explicaron hoy varios expertos en la materia.
"Habrá resistencias, sin duda. El sistema jurídico mexicano es muy refractario, muy cerrado al Derecho Internacional, pero ese falso debate ya se ha acabado. Esto ya no es derecho internacional, a partir de la Constitución es derecho interno", dijo a Efe el expresidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Emilio Álvarez Icaza.
El pasado 12 de julio, en una histórica y unánime decisión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) restringió el fuero especial para casos de abusos a derechos humanos cometidos por militares en línea con un fallo previo de la Corte Interamericana de DD.HH. (CorteIDH) que en 2009 analizó el asunto de Rosendo Radilla, desaparecido en 1974.
Radilla, un exalcalde de Atoyac de Álvarez, fue interceptado por un retén militar el 25 de agosto de aquel año, y desaparecido después, al parecer por simpatizar con los guerrilleros Lucio Cabañas y Genaro Vázquez.
Como con otros cientos de desaparecidos en México, su caso no fue denunciado ante instancia alguna debido a la desconfianza que había en el sistema de justicia del país, pero dos ONG lo trasladaron al sistema interamericano el 15 de noviembre de 2001.
Ocho años después, la Corte Interamericana (CorteIDH) ordenó al Estado mexicano que adecuara sus leyes a "los estándares internacionales en la materia y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos".
Esta sentencia allanó el terreno a la decisión tomada por el Supremo esta semana por la SCJN, que prácticamente incorpora el derecho internacional ratificado por México en materia de derechos humanos a la Constitución.
"Lo que ha venido sucediendo es que la norma internacional es muy superior a ciertas normas estatales" mexicanas, explica Álvarez Icaza, convencido de que con el fallo del Supremo sienta "las bases para un funcionamiento distinto al Derecho" en México.
"Este tipo de mecanismos y decisiones no son eficientes y suficientes en sí mismos", advierte, pero abre la posibilidad, por ejemplo, de que un ciudadano pueda invocar tratados internacionales "no solo contra los funcionarios, sino para los jefes de Estado".
Recuerda que algo parecido se intentó en 2005 contra el expresidente Luis Echeverría, que gobernó el país de 1970 a 1976, desde la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), pero se hizo "muy deficientemente".
Uno de los magistrados de la SCJN que votaron a favor de limitar el fuero militar e incorporar los tratados a la Constitución fue Arturo Zaldívar, quien esta semana declaró a una emisora que la discusión y sentencia del Supremo genera "un nuevo paradigma constitucional" en México.
"Los estados democráticos tienen la obligación, la responsabilidad, de ser eficaces sin perjuicio de los derechos humanos", que nunca, apuntó, "pueden ser un obstáculo ni un pretexto para que el Estado no sea eficaz" en la aplicación de la justicia.
Sobre la histórica sentencia, el especialista en seguridad y Fuerzas Armadas, Jorge Luis Sierra, se mostró hoy más crítico y dijo que "es insuficiente y no resuelve todos los problemas de una justicia militar llena de arcaísmos".
En un artículo publicado en el diario El Universal, consideró que los magistrados que tomaron la decisión respondieron "de manera ejemplar" al reto que tenían, aunque "lamentablemente", añadió, "parecen haberse quedado solos ante la falta de voluntad del Poder Legislativo y la timidez del Ejecutivo para renovar el sistema de justicia militar".
Otro periodista, Miguel Ángel Granados Chapa, escribió que el fallo de la CorteIDH sobre el caso Radilla obliga al Estado mexicano a cumplir los mandatos de ese tribunal internacional a partir de ahora, lo que en términos prácticos implica el sometimiento del Supremo de México al orden jurisdiccional internacional.
"Es hora de poner fin a esa infame manera de someter a personas, militantes o no de una idea" a los dictados del Estado, dio a entender, en referencia a las desapariciones a manos de militares ocurridas en el período de "guerra sucia" de los años setenta y ochenta del siglo pasado y a los casos posteriores que haya podido haber.
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