Madrid, 11 abr.- El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha criticado hoy que el Anteproyecto de Ley de Garantía de la Unidad de Mercado establezca que los tribunales deban suspender automáticamente cualquier acto o disposición impugnado por la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia (CNMC).
La crítica consta en el informe a este anteproyecto que el pleno del CGPJ ha aprobado hoy, en el que muestra su desacuerdo con el régimen de suspensión que se establece cuando el recurrente sea la CNMC, pues basta con que dicho organismo solicite la suspensión del acto o disposición impugnada para que la Audiencia Nacional la acuerde de manera automática.
Según ha informado el órgano de gobierno de los jueces, ello implica una alteración radical del régimen jurídico previsto en los artículos 129 y 130 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que exige que el recurrente acredite que la suspensión es necesaria para asegurar la efectividad de la futura sentencia y, además, que el recurso no pierda su finalidad legítima.
El CGPJ también muestra sus reservas en lo que se refiere a la atribución a la sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional del conocimiento de los recursos que se interpongan por la CNMC.
Los miembros del Consejo consideran que ello supone que el fuero competencial se determine principalmente en función del órgano recurrente, y no por razón de la materia o de la identidad del órgano cuya actuación se impugna.
También se cuestiona que una vez que el recurso interpuesto por la CNMC en interés del operador económico haya sido resuelto mediante sentencia, éste pueda interponer todavía un recurso ordinario, al estimar que eso retrasa la eficacia de la cosa juzgada, favorece una mayor litigiosidad y puede propiciar una mayor disparidad de criterios judiciales.
El anteproyecto de ley, que fue aprobado el pasado 25 de enero por el Consejo de Ministros, pretende permitir a empresas y profesionales ofrecer sus productos o servicios en toda España con una única licencia, lo que, según los cálculos del Gobierno, aumentará anualmente el PIB en 1.500 millones en sus primeros diez años.
La nueva normativa, inspirada en los principios de licencia única y legislación de origen sobre los que se basa el Mercado Único Europeo, persigue asegurar la libre circulación de bienes y servicios por todo el territorio nacional y eliminar el coste que conlleva tener que adaptarse a las distintas normativas autonómicas.
Ahora hay empresas que están obligadas a fabricar hasta 17 versiones distintas de un mismo producto o a pedir hasta 17 licencias para ofrecer un servicio en España, donde se han publicado más de 100.000 leyes estatales y autonómicas desde 1978.
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