Madrid, 28 nov.- El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) estudiará mañana la petición del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) de que acuerde "cuantas acciones estime conveniente" para que el Gobierno "derogue" la ley de tasas "por causar perjuicios e indefensiones irreparables a los ciudadanos".
En su solicitud, el presidente del CGAE, Carlos Carnicer, reclama en primer lugar al Poder Judicial que inste al Defensor del Pueblo y a grupos parlamentarios a que interpongan recurso de inconstitucionalidad contra la ley de tasas por vulnerar la tutela judicial efectiva consagrada en el artículo 24 de la Constitución.
Como segunda opción, propone al CGPJ "llevar a cabo cuantas acciones estime conveniente para que el Gobierno reconsidere la norma aprobada y la derogue en la forma oportuna, por causar perjuicios e indefensiones irreparables a los ciudadanos que van a ver impedido, por razones meramente económicas, su derecho a obtener la tutela judicial efectiva".
No obstante, la reclamación, que ha sido elevada al pleno por seis vocales -Félix Azón, Manuel Almenar, Pío Aguirre, Inmaculada Montalbán, Margarita Robles y José Manuel Gómez Benítez-, es difícil que prospere, ya que todo apunta a que el pleno la puede rechazar con el argumento de que el pasado 31 de mayo ya emitió un informe crítico con la ley de tasas por considerarlas "desproporcionadas".
Carnicer en su escrito al CGPJ recuerda ese informe en contra de las tasas y lamenta que el Gobierno no lo haya tenido "en cuenta".
Según el presidente de la CGAE, la ley que ha sido finalmente aprobada tras una "extraordinariamente breve tramitación", aunque la orden ministerial que regulará el cobro de las tasas no entrará en funcionamiento hasta final de año, "no va suponer un incremento de la eficacia y racionalización de la administración de Justicia".
Este nuevo mecanismo, asegura, "es completamente ajeno al mecanismo de solución extrajudicial de conflictos" como el arbitraje o la mediación.
En la reunión de mañana, el pleno también estudiará una petición del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, de que se declare nulo el acuerdo de la Sala de Gobierno por el que se procedió al reparto de las 21 plazas de aparcamiento con que cuenta la sede que ahora ocupa este tribunal en la calle Prim, al estar de obras la tradicional de la calle de Génova.
Zaragoza interpuso un recurso de alzada ante el CGPJ, contra ese acuerdo porque cree que la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional no es el órgano competente para adoptar esa decisión, que, a su juicio, ha perjudicado a los fiscales que trabajan en ese tribunal.
La encargada de llevar este recurso ante el pleno ha sido la vocal Almudena Lastra, que procede también de la carrera fiscal.
El pleno de mañana tiene también previsto cubrir la vacante que dejó en la Sala Primera o de lo Civil del Tribunal Supremo la magistrada Encarnación Roca tras irse al Tribunal Constitucional.
Para esa plaza, correspondiente al turno de abogados y juristas de reconocida competencia, pugnan Ana Cañizares Laso, Ramón Durán Rivacoba, Carlos Lasarte Álvarez, Juan José Marín López, Pablo Salvador Coderch y Sebastián Sastre Papiol.
El pleno estudiará asimismo si mantiene la sanción de suspensión de un mes al titular del Juzgado de Primera Instancia número tres de Pontevedra, Indalecio Conde González, por una falta muy grave del artículo 417.9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que sanciona la desatención o el retraso injustificado y reiterado en la tramitación de procesos y causas.
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