Madrid.- La Comisión de Justicia del Congreso ha aprobado hoy por unanimidad y con competencia legislativa plena el proyecto de ley de reforma de la Ley de Arbitraje de 2003, que pretende impulsar los sistemas alternativos de resolución de controversias y reducir la carga de trabajo de los tribunales.
Este órgano también ha aprobado por unanimidad un proyecto de ley orgánica complementaria por la que se modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial en lo que se refiere a las funciones de apoyo al arbitraje de los tribunales.
Al haber sido aprobados por la Comisión con competencia legislativa plena, ambos proyectos de ley y las enmiendas que se les han incorporado no necesitan ser remitidos al Pleno del Congreso para su posterior aprobación.
Una de estas enmiendas consiste en una corrección técnica a la reforma de la Ley de Arbitraje que establece que, para introducir un arbitraje interno en los estatutos de las sociedades de capital, será necesario que cuente con el apoyo de al menos dos terceras partes de dicho capital.
Entre las principales modificaciones recogidas en el proyecto de ley se encuentra la atribución del control judicial del arbitraje a las salas de lo Civil y de lo Penal de los Tribunales Superiores de Justicia.
Durante su intervención, el presidente de la Comisión y diputado del Grupo Parlamentario Socialista, Álvaro Cuesta, indicó que la reforma de la Ley de Arbitraje supone también modificar dos artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil e introducir cambios en la Ley Concursal.
Añadió que también se crean, como "novedad legislativa", un mecanismo y una Comisión Delegada del Gobierno que regula la resolución de las controversias jurídicas de la Administración general del Estado y sus organismos públicos.
Según Cuesta, con esta iniciativa, que calificó de "muy positiva", se podrá descargar a los tribunales de controversias "inútiles" y se agilizarán los procesos judiciales.
Por su parte, el diputado del Grupo Parlamentario Popular, Vicente Ferrer, destacó "la buena voluntad del Gobierno para alcanzar acuerdos", y aseguró que, al establecer que, si existen tres árbitros en un proceso, al menos uno de ellos sea jurista, se da "más seguridad a las partes".
La reforma también fija que, en el caso de que se recurra a un único árbitro, éste debe ser un abogado en ejercicio, tal y como se mantenía en la legislación precedente.
Desde el Grupo Mixto, su portavoz, Rosa Díez, valoró la reforma, aunque apuntó que esta iniciativa se ha elaborado "desde la desconfianza" a la práctica arbitral
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