El congreso da luz verde a la ley de racionalización del sector público estatal

El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó este jueves el proyecto de ley de racionalización del sector público estatal y otras medidas de reforma administrativa.
Los diputados debatieron las enmiendas parciales introducidas a la norma durante su tramitación en el Senado y se dio luz verde definitiva al texto, que será remitido al Boletín Oficial del Estado (BOE) para su publicación y entrada en vigor.
La ley recoge las medidas legislativas para implantar algunas de las recomendaciones del informe la Comisión para la Reforma de la Administración (CORA), tanto para la reordenación del sector público institucional, como en otros ámbitos de la actividad administrativa.
Desde el Gobierno han defendido que todo ello se enmarca en el “esfuerzo por asegurar la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad y eficiencia del sector público”.
Entre otras medidas, se introducen cambios normativos para evitar la proliferación de cuentas bancarias de titularidad de las distintas unidades de la administración.
Además, se crea un registro de vehículos no integrados en el Parque Móvil, con el objeto de reforzar el control de los mismos y aplicarles medidas de gestión similares a las operadas en aquel organismo, que han comportado importantes ahorros.
Desde las filas del PP, María Eugenia Romera defendió que esta ley es otra de las piezas del “ambicioso plan de reformas que está poniendo en marcha el Gobierno” y que su objetivo es un mejor uso de los recursos públicos para atender con “mejor eficiencia sus necesidades y demandas”.
El conjunto de los grupos de la oposición que intervinieron en el debate coincidieron en criticar la norma. Así, el diputado del PSOE José Ignacio Sánchez indicó que la ley venía con “defectos de fábrica” del Consejo de Ministros, que no fue posible arreglarla a su paso por el Congreso y que el PP la ha empeorado en el Senado. “Cada vez que tocan la administración es para producir un desastre”, denunció.
Por su parte, desde CiU, Antoni Picó subrayó que pese al título “atractivo” de la ley “desilusiona leer el contenido”, ya que son “pocas” las medidas que contiene para el Estado mientras que “se obliga mucho a hacer” al resto de niveles de la administración.
Mientras, el diputado de La Izquierda Plural Joan Coscubiela lamentó que la norma proponga una “recentralización del Estado y deteriorar el estado social”.
Para Rosa Díez, portavoz de UPyD en el Congreso, el Gobierno “nos han obligado a calificarla como una mala ley” porque “no responde a las necesidades del país”.
Según el diputado del PNV Pedro Azpiazu, la ley se caracteriza por la “falta de coherencia de muchas medidas” y la “invasión e intromisión competencial”.
Por último, Rafael Larreina (Amauir) criticó que “no hay medidas concretas de eficiencia y eficacia en el gasto” y sólo contiene iniciativas “simbólicas”.