Los grupos del Congreso han alcanzado un preacuerdo para delimitar qué cotizaciones sociales y fondos de la Seguridad Social servirán para nutrir el fondo de compensación para los trabajadores víctimas del amianto, cuya ley se negocia en estos momentos en la Cámara Baja.
La iniciativa, impulsada desde el Parlamento del País Vasco para establecer un fondo de compensación para víctimas de este material cancerígeno, celebró su debate de totalidad en octubre de 2017 pero por sucesivas prórrogas en su fase de enmiendas no se pudo iniciar su negociación en ponencia hasta más de un año después.
Ahora, los grupos han comenzado su negociación, llegando esta semana a los primeros consensos en torno a su organización, su finalidad y los recursos de los que dispondrá por ley. Respecto a esta última cuestión, según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, la ponencia ha alcanzado un principio de acuerdo sobre la procedencia del dinero que financiará el fondo.
Así, en el borrador en el que trabaja la ponencia encomendada por la Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social se establece que se financie a través de las cuotas por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y el fondo de contingencias profesionales del sistema de la Seguridad Social.
Asimismo, se establece la utilización del dinero procedente de las sanciones impuestas por la Inspección de Trabajo como consecuencia de incumplimientos en materia de salud laboral referidos a la exposición al amianto.
Se mantienen, eso sí, las aportaciones que puedan fijarse en cada ejercicio en los sucesivos Presupuestos Generales del Estado, así como las cantidades obtenidas por subrogación, recursos ya recogidos en la ley remitida al Congreso por el Parlamento vasco.
Un peligro invisible
La peligrosidad del amianto fue descrita por primera vez en el año 1906, en Londres. Se manifestó a través de una fibrosis pulmonar detectada en una trabajadora de una fábrica textil. Y en la década de 1920 en Inglaterra ya se emplea el término ‘asbestosis’. Pocos años más tarde, en 1935, se publicaron las primeras evidencias científicas que relacionaban la exposición al amianto y el cáncer de pulmón.
Pero no fue hasta 1978 cuando el Parlamento Europeo declaró al amianto una sustancia cancerígena, a raíz de la cual, la sustancia fue prohibiéndose poco a poco en el continente. Las variedades más perjudiciales, el amianto azul y el marrón, fueron prohibidos en España entre 1984 y 1993.
En 1999, la Unión Europea prohíbe la comercialización y el uso de cualquier tipo de amianto, aunque la norma llega a España años más tarde, prohibiéndose la utilización, producción y comercialización del amianto en 2002.
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