El congreso pide al gobierno que actualice la estrategia en seguridad del paciente

El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó este martes por 177 votos a favor, 144 en contra y 4 abstenciones, una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular que insta al Gobierno a actualizar, en coordinación con las comunidades autónomas, la Estrategia Nacional en Seguridad del Paciente.
En concreto, la iniciativa pide al Ejecutivo que actualice la Estrategia Nacional en Seguridad del Paciente, en coordinación con las comunidades autónomas, los profesionales sanitarios y los enfermos, “orientándola hacia la prevención de los efectos adversos y evaluando su impacto en el Sistema Nacional de Salud”.
En su defensa de la proposición, el diputado popular Antonio Román afirmó que hay que seguir mejorando en el área de seguridad del paciente y disminuir los efectos adversos que sufren los enfermos para conseguir, con ello, “prácticas clínicas seguras”.
Por su parte, Gaspar Llamazares, de La Izquierda Plural, declaró que no tiene inconveniente en apoyar esta iniciativa, aunque la denominó “de incienso” o “aromática”, por desarrollarse en un contexto sanitario “de inseguridad”.
Un paso más allá que Llamazares fue Conchita Tarruella, de CiU, quien lamentó que el PP proponga que se vote en el Congreso a favor de algo que “ya debe hacer” el Gobierno, a quien recordó, además, que para poder evaluar, “hacen falta recursos”.
En la misma línea que Tarruella se manifestó el diputado del PSOE Guillermo García, que se confesó “sorprendido” de debatir una propuesta que insta al Ejecutivo a realizar algo que es su obligación hacer. Y también como la diputada catalana, García consideró que “hacen falta recursos” para evaluar y actualizar medidas como las de esta estrategia.
Rosa Díez, de UPyD, coincidió con los grupos que acusaron al Ejecutivo de proponer la actualización de una estrategia sin poner dinero encima de la mesa para hacerlo, y fue más allá, al considerar que la iniciativa del PP queda, entonces, “vacía de contenido”. Por todo esto, anunció su voto en contra de la proposición.
En su turno de intervención, la diputada del Grupo Mixto Rosana Pérez incidió en lo apuntado por PSOE y CiU sobre el hecho de que el grupo parlamentario que apoya al Gobierno inste al Ejecutivo a que haga algo que debe hacer, porque así se ha comprometido a hacer. Además, argumentó, “de poco van a servir las estrategias” si no hay dinero para ponerlas en marcha.
Finalmente, Joseba Agirretxea, del Grupo Vasco, dijo preguntarse si la estrategia de la que habla la proposición no de ley es la mejor herramienta para evitar los efectos adversos en las hospitalizaciones de los enfermos y debió de concluir que no, porque afirmó no poder apoyar la iniciativa.
El PP argumenta en la exposición de motivos de su iniciativa, tal como explicó Román en el debate, que de acuerdo con los datos ofrecidos por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en diciembre de 2011, alrededor del 10% de los pacientes ingresados en hospitales sufren algún efecto adverso como consecuencia de la atención sanitaria, y que el 50% de estos efectos adversos “podrían haberse evitado aplicando prácticas seguras de efectividad demostrada”.
El texto recuerda también que la Estrategia en seguridad del paciente viene desarrollándose desde 2005 en colaboración con las comunidades autónomas, “respetando y complementando las acciones que cada una de ellas desarrolla en el ejercicio de sus competencias”.
Desde entonces, y según unn informe de diciembre de 2011 de la propia estrategia, se han impulsado numerosas iniciativas alineadas con las recomendaciones internacionales y encaminadas hacia la consecución de mejoras en la seguridad de los pacientes.
Se han elaborado así programas de formación, difusión del conocimiento y cultura -conferencias, cursos ‘online’, publicaciones e incluso un máster-, y se ha puesto en marcha un sistema de notificación de eventos adversos y análisis e implementación de prácticas seguras -higiene de manos, identificación inequívoca de pacientes, uso seguro de medicamentos, cirugía segura y unidades de gestión de riesgos- “que han generado importantes avances en el SNS”.
No obstante, prosigue la iniciativa popular, el propio Ministerio de Sanidad ha reconocido la necesidad de continuar promoviendo proyectos en coordinación con las autonomías, las sociedades científicas y otros organismos, tanto nacionales como internacionales, para impulsar y evaluar prácticas clínicas seguras desde la concienciación de los profesionales y la implicación de los pacientes.
Por eso, el Grupo Popular ha presentado esta proposición no de ley, que pide al Gobierno que actualice la Estrategia Nacional en Seguridad del Paciente en coordinación con las comunidades autónomas, los profesionales sanitarios y los enfermos, “orientándola hacia la prevención de los efectos adversos y evaluando su impacto en el Sistema Nacional de Salud”.