El congreso rechaza crear nuevos delitos de corrupción

El Pleno del Congreso de los Diputados rechazó este miércoles, por 18 votos a favor, 172 en contra y 123 abstenciones, la moción de UPyD sobre reformas legales necesarias para combatir la corrupción, y en la que se pedía la creación de delitos específicos.
Durante el debate parlamentario, la portavoz de UPyD, Rosa Díez, manifestó que aunque se ha avanzado en la “toma de conciencia” del problema que es la corrupción, lo cierto es que “el avance ni es suficientemente profundo ni rápido”.
Por eso, dijo, es necesario “pasar a los hechos” en la lucha contra la corrupción.
En el turno de defensa de enmiendas, el diputado Ramón Gómez de la Serna (PP) manifestó que la Comisión Constitucional lleva “con los hechos una semana”, en referencia a la Comisión Constitucional, y criticó la ausencia de UPyD en ésta. Asimismo, dijo que los ciudadanos están “muy aburridos” de los “oportunismos” y de los “trucos políticos”.
Por su parte, también al defender su enmienda, la diputada del PSOE Susana Sumelzo (PSOE) criticó la “solución mágica” que ofrece UPyD en su moción, al tiempo que manifestó que “esta no es la forma de abordar lo que colectivamente estamos debatiendo ya en la Comisión Constitucional”.
En el turno de fijación de posiciones, Montserrat Surroca (CiU) apuntó que la “efectista” moción de UPyD “persigue el titular” y, además, está “desfasada”, dados los trabajos puestos en marcha por la Comisión Constitucional.
Por parte del Grupo Parlamentario IU-ICV-CHA: La Izquierda Plural intervino José Luis Centella, quien manifestó que ninguna medida, “por mucha voluntad que tenga, tendrá la más mínima credibilidad si no viene precedida de mirar hacia el pasado”.
Emilio Olabarría, del PNV, calificó irónicamente la moción de UPyD de “vademecum”, lleno de propuestas “bienintencionadas” pero “mal configuradas jurídicamente”.
LA MOCIÓN RECHAZADA
El texto de la moción rechazada proponía “actualizar el catálogo de delitos contemplados en el Código Penal para las personas jurídicas a aquellos susceptibles de ser cometidos por los partidos políticos y sindicatos”.
Asimismo, solicitaba establecer un delito específico para perseguir la financiación ilegal de los partidos políticos” incorporar a la legislación penal “el denominado delito de enriquecimiento ilícito o injusto de los cargos públicos efectivos” por incremento “desproporcionado o injustificado” de su patrimonio en relación con sus ingresos.
Otra de las propuestas consistía en “acometer las reformas legales necesarias” a fin de suprimir “todos y cada uno de los supuestos de aforamiento que han proliferado en distintas leyes”.