El congreso rechaza la petición de ciu para que hacienda anticipe el abono del fondo de competitividad

El Pleno del Congreso de los Diputados rechazó hoy una proposición no ley de CiU que pedía al Gobierno que adoptara las medidas necesarias para dotar el Fondo de Competitividad correspondiente a los ejercicios 2014 y 2015 con el fin de transferir de inmediato, en el ejercicio 2015, su pago a cuenta a la Generalitat de Cataluña y demás comunidades autónomas beneficiarias, en forma de anticipo de tesorería.
De esta forma, CiU intentaba que el Ministerio de Hacienda abonará de forma inmediata este año a las comunidades autónomas el dinero del Fondo de Competitividad correspondiente a 2014 y 2015, sin esperar a realizar las liquidaciones definitivas de los presupuestos.
En su iniciativa, que fue rechazada con 170 votos en contra, 134 a favor y 9 abstenciones, CiU señalaba que el Estado satisface sistemáticamente estos abonos con una morosidad de dos años, ya que el Fondo de Competitividad correspondiente al año 2014 no prevé pagarlo hasta el año 2016 y el de 2015 hasta 2017.
Para este grupo, no resulta coherente que la Administración central exija a las comunidades autónomas el cumplimiento del objetivo de déficit, pero a su vez difiera dos años la transferencia a las mismas comunidades de los recursos que por ley "les corresponden y que pueden contribuir a garantizar el Estado del bienestar y reducir las desigualdades".
En el caso de Cataluña, estima que el pago a cuenta de estos recursos, sin perjuicio de la liquidación que corresponda posteriormente, supondría unos ingresos netos que podrían superar los 1.500 millones de euros, "en un momento en que le resultan más que necesarios para cumplir con los objetivos de déficit que se le han asignado, por cierto más restrictivos de los que le corresponden según lo establecido en la Ley de Estabilidad Presupuestaria".
Por ello, entiende que postergar el pago de estos recursos a las comunidades autónomas beneficiarias significa sustraerles recursos, durante dos años, y dejarlas con menos recursos per cápita que las demás comunidades para ejercer sus competencias, "es decir, significa una discriminación territorial ejercida por el Gobierno y sin amparo legal".
Añade la proposición que "esta discriminación territorial revierte en las políticas educativas y en las políticas de sanidad o de asistencia social que corresponden a la Generalitat de Catalunya y demás gobiernos de las comunidades afectadas, discriminación que contribuye a limitar el margen de maniobra de estas para preservar el Estado del bienestar y reducir las desigualdades sociales en sus territorios".
Sin embargo, el diputado del PP José Alberto Martín-Toledano acusó a CiU de llevar a la Cámara Baja "el inicio de una campaña aprovechando el año electoral para denunciar que el Gobierno es moroso" y dijo que eso es una "falsedad".
Añadió que "no se puede decir a un Gobierno que está siendo el más solidario de la historia de España en financiación que es un Gobierno moroso" y aseguró que el Gobierno de Cataluña, que tenía cerrado, según afirmó el diputado popular, el acceso a los mercados, "va a recibir entre el 2012 y 2015 unos 40.000 millones de euros de préstamo".