El juez de Madrid Adolfo Carretero será el encargado de investigar el pelotazo que dos empresarios de la 'jet set' dieron con la compraventa de mascarillas en uno de los momentos más duros de la pandemia. Se trata del magistrado instructor que hace escasos dos meses abrió diligencias sobre un supuesto fallo informático en el voto telemático del diputado del PP Alberto Casero a la reforma laboral; o uno de los dos jueces que comenzaron a investigar el denominado 'Delcygate', que salpicó directamente al exministro de Transportes José Luis Ábalos. Carretero también tuvo entre sus manos uno de los primeros casos de 'bebés robados' o el espionaje al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González. No obstante, antes de llegar a su actual destino, se vio salpicado por la trama del conocido como 'sheriff' de Coslada.
El sistema de turno de reparto establecido en los juzgados de Instrucción de Madrid, situados en la Plaza de Castilla, ha hecho que la querella de la Fiscalía Anticorrupción contra Luis Medina, conocido en la alta sociedad por ser el hijo menor del fallecido duque de Feria y Naty Abascal, y su socio Alberto Luceño recayera en el Juzgado de Instrucción número 47. El Ministerio Público, antes de acudir a los tribunales, ha estado casi un año y medio recabando pruebas de las irregularidades cometidas en las operaciones de compraventa de material sanitario para el Ayuntamiento de Madrid en marzo de 2020.
Este mismo jueves, un día después de que se hiciera pública la querella de la Fiscalía especializada en la lucha contra la corrupción, el titular del mencionado juzgado ha aceptado investigar y llamar a declarar próximamente a Luceño y Medina, a quienes se les atribuye los delitos de estafa agravada, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales, en relación a las elevadas comisiones que cobraron, que ascienden en total a 6 millones de euros. Una cantidad que después fue gastada por los comisionistas en artículos de lujo como relojes de la marca Rolex; coches de alta gama tipo Ferrari, Lamborghini, McLanren o Porsche; o un yate.
De este modo, este caso se incluirá al extenso historial de causas que el juez Carretero acumula en su juzgado de instrucción, del cual es titular desde diciembre de 2010. Una de las más recientes fue la incoación de diligencias para determinar si hubo un delito informático en la votación por la que se aprobó la reforma laboral, con un solo voto de diferencia, precisamente el del 'popular' Alberto Casero. Todo ello después de que un particular solicitara que la Guardia Civil requisara el ordenador a este diputado y que se analizaran los equipos del Congreso de los Diputados. En este caso, el magistrado, que se encontraba de guardia, siguió el criterio de la Fiscalía, y consideró que dicha diligencia no era urgente, si bien dejó el procedimiento abierto y lo envió a su compañera del Juzgado de Instrucción número 22 de Madrid para que continuara con la investigación, quien acordó su archivo tan solo dos semanas después.
Asimismo, Carretero fue uno de los jueces que se ocupó de investigar el paso de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez por la terminal del vuelos privados del Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas, en la noche del 19 al 20 de enero de 2020, en la que se reunió con el exministro Ábalos. Un encuentro que se llevó a los tribunales al existir una prohibición de la Unión Europea y que se bautizó como 'Delcygate'. En su juzgado recayó la querella que interpuso el PP, si bien el titular terminó por inhibirse en favor del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, dirigido por Antonio Serrano-Arnal -conocido por ser el juez del 'caso Rato'-, debido a que ya investigaba las denuncias presentadas por Vox y el Partido Laócratas por el mismo hecho. El asunto finalmente también concluyó en archivo.
Dani Mateo o espionaje a González
Otro de los casos mediáticos que tuvo en sus manos fue la imputación del humorista Dani Mateo por un 'sketch' en el que se sonó la nariz con la bandera de España. El juez Carretero dio carpetazo dos meses después al entender que su actuación fue "muy desafortunada y provocadora", pero en ningún caso tuvo intención de fomentar odio. Además, se encargó de investigar el espionaje al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González en un viaje oficial del Canal Isabel II a Colombia. El caso finalmente no llegó a juicio porque ninguna representación ejerció acusación contra los detectives de Método 3 y Mira, coincidiendo este trámite con el estallido del 'caso Lezo', por el que el exdirigente 'popular' se encuentra imputado en la Audiencia Nacional.
El juez investigó el espionaje al expresidente madrileño Ignacio González, pero el caso no llegó a juicio porque ninguna representación ejerció acusación contra los detectives.
A todos estos procedimientos se suma uno de los primeros casos de 'bebés robados' en las clínicas maternales de Madrid a principio de los años 80. En concreto, fue uno de los dos que implicaba a la monja María Gómez Valbuena, conocida como 'Sor María'. El juez Carretero lo archivó, pero se vio obligado a reabrir su parte por orden de la Audiencia Provincial de Madrid. No obstante, el fallecimiento de la hermana de las Hijas de la Caridad de San Vicente Paúl, en enero de 2013, provocó el cierre de todas las causas abiertas contra ella.
Familia de jueces
Con todo ello, cabe destacar que el titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid procede de una familia de jueces, en la que su padre, también llamado Adolfo, llegó a ser presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo. Por su parte, su hermano Agustín, también magistrado en la capital, estuvo una temporada en política al ser nombrado por los gobiernos madrileños de Esperanza Aguirre e Ignacio González como director general de Política Interior, gerente de la Academia de Policía de la Comunidad y director general de Relaciones con la Administración de Justicia.
Sin embargo, el 'currículum vitae' de Adolfo Carretero tiene una pequeña mancha, pues fue imputado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) por un presunto delito de coacciones en el marco de la 'operación Bloque', la que destapó una red corrupta de policías en la localidad madrileña de Coslada, liderada por Ginés Jiménez, apodado como el 'sheriff' de Coslada. El nombre del magistrado -que entonces era juez decano de los juzgados de Fuenlabrada- apareció en varios 'pinchazos' telefónicos interceptados al cerebro de la trama, en las que se hablaba que el juez atendía a las peticiones del exresponsable policial, si bien las pesquisas finalmente acabaron siendo archivadas.
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