El Estatut deja en evidencia las debilidades del Tribunal Constitucional

Madrid.- Los debates sobre el Estatuto de Cataluña en el Tribunal Constitucional, que cuatro años después de la aprobación de la norma catalana sigue sin dictar sentencia, han evidenciado las debilidades de un órgano en el que se ha reproducido la lucha partidista con un alto coste para su credibilidad.

La composición del tribunal y la elección a propuesta de las fuerzas políticas de la mayoría de sus magistrados han convertido el Constitucional en un espejo de las posturas casi irreconciliables que han mantenido los partidos políticos en torno al Estatut.

Durante los dos años y medio que lleva deliberando sobre el recurso que el PP presentó el 31 de julio de 2006 contra el Estatuto de Cataluña, el tribunal ha recorrido un tortuoso camino, sorteando reformas, recusaciones y maniobras políticas y mediáticas que le han dejado al límite de sus fuerzas.

Todo ello, unido a las diferencias ideológicas entre los magistrados, ha propiciado que a cuenta del Estatut el Constitucional haya adoptado varias decisiones sin precedentes, como puede ser finalmente el método de votación -artículo por artículo- elegido por la presidenta, María Emilia Casas, para sacar adelante la esperada sentencia, que podría ver la luz esta próxima semana.

En el trayecto, el Constitucional llegó a salir al paso en 2008, a través de un inusual comunicado, de las críticas de políticos y medios de comunicación que le acusaban de retrasar el fallo de una sentencia esencial para el desarrollo del Estado de las autonomías.

Llegó después, en noviembre de 2009, el editorial conjunto de la prensa de Cataluña en defensa del Estatut, respaldado por todos los partidos catalanes -salvo el PP y Ciutadans-, y el apoyo que el presidente de la Generalitat, José Montilla, pidió a más de 200 entidades autonómicas para articular una respuesta "clara y unitaria" en caso de que el tribunal recorte el Estatuto.

Durante este tiempo también se ha modificado una vez la Ley Orgánica del tribunal (LOTC) -para prorrogar el mandato como presidenta y vicepresidente de Casas y de Guillermo Jiménez- y el Senado ha aceptado tramitar otra reforma para evitar que los magistrados que cumplan su mandato permanezcan en funciones "sine die".

Y es que desde que a finales de 2007 concluyó el mandato de Casas, Jiménez, Vicente Conde y Jorge Rodríguez-Zapata, todos ellos designados por el Senado, el PSOE y el PP han sido incapaces de alcanzar un acuerdo para renovar el tribunal.

Sólo en las últimas semanas, y a instancias de Montilla, la Cámara Alta ha reactivado el procedimiento para sustituir a esos cuatro magistrados, aunque el veto a uno de los candidatos del PP -el ex portavoz del Consejo General del Poder Judicial Enrique López- hace prever que el acuerdo se hará esperar.

Además, la Generalitat y el Parlamento de Cataluña pretenden que, hasta que se produzca esa renovación, el Constitucional renuncie a dictar sentencia sobre el Estatut, y así se lo han pedido expresamente.

El tribunal lo ha descartado, como también ha rechazado la petición del Gobierno catalán de permitir al magistrado Pablo Pérez Tremps, recusado en 2007 por el PP, participar en la votación de la sentencia si ésta se lleva a cabo por bloques.

De este modo, Pérez Tremps, recusado por elaborar antes de ser elegido magistrado un informe sobre la acción exterior y las relaciones con la Unión Europea de la Generalitat, podría votar el resto de los artículos.

Este magistrado, sin embargo, no es el único ausente de los debates, ya que tampoco se ha cubierto la vacante de Roberto García Calvo, fallecido en mayo de 2008.

Es, por tanto, un pleno "disminuido" de diez magistrados el que afronta desde este próximo lunes la que puede ser la votación más complicada de la historia del Constitucional, y con la inevitable tacha que les califica de progresistas o conservadores dependiendo de la procedencia de su propuesta de nombramiento.

En el llamado sector progresista son encuadrados Casas, Elisa Pérez Vera, Pascual Sala, Eugeni Gay y Manuel Aragón.

La posición de los cuatro primeros a favor del borrador de Casas se da por segura, pero está en duda la postura de Aragón, que ya se alió con los conservadores -Jiménez, Conde, Rodríguez-Zapata, Javier Delgado y Ramón Rodríguez Arribas- para votar contra el último borrador de Pérez Vera.