El fiscal pide 30 años para Zurutuza por el asesinato de Enrique Cuesta en 1982

Madrid.- La Fiscalía de la Audiencia Nacional pedirá el próximo jueves en el juicio que se celebrará en este tribunal 30 años de prisión para José Antonio Zurutuza Sarasola, "Capullo", por el asesinato del delegado de Telefónica en San Sebastián Enrique Cuesta Jiménez y su escolta, Antonio Gómez García, en 1982.

En su escrito de conclusiones provisionales, el fiscal solicita además la prohibición de que Zurutuza se aproxime a las familias de las víctimas, a las que deberá indemnizar además con 300.000 euros.

Según el representante del Ministerio Público, ETA dio instrucciones en marzo de 1982 a Roman Agra Alonso y Francisco Javier Taberna Arruti -ambos condenados por estos hechos en 1985- para vigilar los movimientos de Cuesta.

Zurutuza, por entonces y miembro de los Comandos Autónomos Anticapitalistas (CCA) decidió, junto a otro "liberado" ya fallecido, asesinar a Cuesta y a su escolta cuando ambos salieran del lugar de trabajo del primero mientras Agra les esperaba en un vehículo en la estación de San Sebastián.

A las 15:00 horas del 26 de marzo de 1982, Zurutuza y su compañero "realizaron varios disparos de forma rápida e inopinada", por lo que las víctimas murieron "casi de forma inmediata".

Posteriormente, Agra, por indicación del acusado, dejó un comunicado reivindicando la acción en los servicios de un bar de Hernani y llamó al diario "Egin" para informar dónde había dejado la nota.

Zurutuza fue detenido por la policía francesa el 4 de febrero de 2004 en la localidad vascofrancesa de Biriatu y entregado por las autoridades francesas en diciembre de 2007.

Un mes antes, el Consejo de Estado francés permitió su extradición después de haberla rechazado dos años antes por considerar que el delito por el que era reclamado había prescrito según la legislación francesa.

Sin embargo España insistió y apeló al llamado Convenio de Dublín (1996), sobre la extradición entre países comunitarios, según el cual "no se podrá denegar la extradición por el motivo de que la acción o la pena hayan prescrito con arreglo a la legislación del Estado miembro requerido".

La máxima autoridad administrativa francesa entendió finalmente que la acción no había prescrito en el Derecho español en la fecha en la que fue presentada la segunda demanda de extradición, el 12 de julio de 2005.

Zurutuza también está implicado en los asesinatos del director de la empresa "Moulinex" José María Félix Latiegui en Usurbil (Guipúzcoa), un delito que la sección primera de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional consideró prescrito el pasado 27 de noviembre, una decisión que ha sido recurrida por la Fiscalía.