El fiscal pide la inhabilitación de la juez Coro Cillán por prevaricación

  • El fiscal ha mantenido hoy en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) su petición de veinte años de inhabilitación para la juez de instrucción número 43 de Madrid, María del Coro Cillán García, por prevaricación en la administración judicial de la discoteca madrileña Moma.

Madrid, 20 sep.- El fiscal ha mantenido hoy en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) su petición de veinte años de inhabilitación para la juez de instrucción número 43 de Madrid, María del Coro Cillán García, por prevaricación en la administración judicial de la discoteca madrileña Moma.

En el último día del juicio, el Ministerio Fiscal ha señalado que la prueba practicada es "solvente y suficiente" para acreditar la responsabilidad de la acusada en un delito de prevaricación continuada.

"No se puede arrojar ninguna sombra de duda sobre la investigación de la Fiscalía", ha subrayado el representante del Ministerio Público, en respuesta a la defensa de la magistrada que alegó que estas diligencias habían generado su "indefensión" porque se habían alargado en el tiempo.

Para el fiscal, la magistrada adoptó decisiones como el precinto de la discoteca o el nombramiento de administradores judiciales "contrarias a derecho" y "con las que tomó partido por una parte en perjuicio de las otras".

La acusación particular, que ejerce la discoteca Moma, ha sostenido que los hechos no son constitutivos de un delito de prevaricación, por lo que "no hay autor y no procede imponer ninguna pena".

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) suspendió cautelarmente el pasado mes de abril a la juez tras la apertura de juicio oral contra ella.

En diciembre de 2011, el CGPJ abrió expediente disciplinario a Cillán por la presunta comisión de tres faltas muy graves y una más de carácter grave en relación con la clausura de la discoteca madrileña Moma y la designación de los administradores judiciales de la misma.

Uno de los propietarios de la discoteca denunció ante el Poder Judicial que la magistrada estaba colaborando con sus socios para conseguir el traspaso del establecimiento.

Así, según el denunciante, sus socios le denunciaron por administración desleal y la jueza Cillán, de acuerdo con ellos, acordó el precinto del local.

Al día siguiente nombró administradores judiciales y, horas después, siempre según el denunciante, la juez cenó en un restaurante de Madrid con el abogado de sus socios.

Posteriormente incluyó entre los administradores judiciales a una persona que tiene relación de amistad con la propia Cillán.

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