Madrid, 4 abr.- El Gobierno ha aprobado hoy la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que prevé que las instrucciones en la Audiencia Nacional sean realizadas por tres jueces en lugar de uno como hasta ahora, e introduce como aforados ante el Tribunal Supremo a la Reina y a los Príncipes de Asturias.
En la rueda de prensa al término del Consejo de Ministros, el titular de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha calificado el anteproyecto como "el más importante" que aborda el ministerio en la presente legislatura, puesto que "configura la nueva justicia en España durante el siglo XXI".
"Esto no es una reforma, es una ley nueva", ha destacado Gallardón, al recordar que es la tercera vez desde la aprobación de la Constitución de 1812 que se modifica la norma, sobre la cual se ha trabajado más de dos años, ha dicho, cuando en marzo de 2012 el Gobierno encargó un borrador a una comisión de expertos.
Desde entonces, el Ministerio ha promovido un debate que ha desembocado en un texto "intenso y extenso" de 666 artículos, que "exigía partir de una visión crítica con la situación actual, sobre todo en relación con la insatisfacción de los ciudadanos por los tiempos de respuesta", ha mencionado.
"Tenemos profesionales bien formados, pero sin los instrumentos adecuados para trasladar su vocación en un sistema ágil", ha asegurado el titular de Justicia al precisar que "lo que falla es el sistema".
Entre las principales novedades, el texto plantea que las instrucciones de cualquier causa que realice la Audiencia Nacional sean llevadas a cabo a la vez por tres jueces en lugar de solo por uno, como ocurre ahora en todos los casos.
Con esta medida, ha explicado Gallardón, se pretende elevar el "umbral de garantías", "diluir la presión sobre el juez único favoreciendo la corresponsabilidad" y "promover la agilización del proceso".
El articulado también introduce que serán aforados ante el Tribunal Supremo la Reina consorte, el consorte de la Reina y los príncipes de Asturias.
Ruiz-Gallardón ha afirmado que no tiene ningún sentido que, por ejemplo, un ministro esté aforado ante el Supremo y que el Príncipe heredero de la Corona o la Reina no. "Era una disfunción que carecía completamente de sentido", ha recalcado.
El anteproyecto de ley, que ahora será remitido a los órganos consultivos del Estado, persigue como objetivo agilizar la justicia y reducir los tiempos de resolución con tres medidas principales.
Se tratan de la reorganización de los tribunales a través de la puesta en marcha de los tribunales provinciales de instancia, una mayor especialización judicial y una reducción de la litigiosidad mediante la seguridad jurídica que proporcionará la jurisprudencia vinculante del Supremo.
En relación a este punto, Gallardón ha subrayado que el texto concede más uniformidad y coherencia al alto tribunal que ha tachado como el "gran activo de la Justicia en España" al establecer el carácter vinculante de su doctrina jurisprudencial para el resto de tribunales inferiores.
Con ello se pretende un descenso de la litigiosidad dado que los demás tribunales tendrán que aplicar la jurisprudencia del Supremo y "nadie se mete en un pleito si la respuesta del tribunal va a ser negativa", ha dicho Gallardón.
El texto también incluye una nueva regulación del recurso de casación ante el Supremo, lo que implica que cualquier asunto podrá llegar al alto tribunal.
Respecto a la organización judicial, se crean los tribunales de instancia de carácter provincial, que abarcarán todos los órdenes, si bien eso no supondrá la desaparición de ningún juzgado en España. "Todos se integrarán en el tribunal provincial de instancia para compensar las cargas de trabajo entre los juzgados", ha explicado el responsable de Justicia, que ha mencionado que la Audiencia Nacional mantendrá su estructura actual.
Asimismo, el anteproyecto revisa en profundidad el ejercicio de la potestad jurisdiccional para evitar que se perturbe la independencia judicial de los jueces y avanza hacia la profesionalización de la Justicia ya que, según el ministro, "la justicia interina no puede institucionalizarse".
La reforma suprime las categorías judiciales y establece que todos los titulares del poder judicial serán jueces -magistrado será un nombre honorífico- para ahondar en una mayor flexibilidad en la movilidad de los jueces. EFE
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