Washington, 5 abr.- El Gobierno estadounidense se vio obligado hoy a reconocer, por escrito, que los tribunales federales tienen en el país la autoridad de revocar leyes que violen la Constitución.
Se trata de una aclaración exigida tras unas polémicas declaraciones del presidente Barack Obama en las que pareció cuestionar la legitimidad de los jueces "no elegidos" del Tribunal Supremo para revisar, y eventualmente derogar, la reforma sanitaria de 2010.
Un panel de tres jueces del quinto tribunal de apelaciones, con sede en Nueva Orleans (Luisiana), había dado plazo hasta hoy para que el Departamento de Justicia explicara su postura oficial y reconociera la función de las revisiones judiciales.
El fiscal general de EE.UU., Eric Holder, cumplió hoy con el plazo y, en una carta enviada al tribunal, reafirmó la potestad de los tribunales federales.
"El poder de los tribunales de revisar la constitucionalidad de la legislación está fuera de disputa", asegura Holder en la misiva.
La polémica entre el Ejecutivo y el tribunal se generó después de que el lunes pasado, el presidente Obama dijo que confiaba en que el Tribunal Supremo no tomaría el paso "extraordinario y sin precedente de revocar una ley aprobada por una firme mayoría en un Congreso elegido democráticamente".
Era la primera vez que el mandatario estadounidense se pronunciaba públicamente sobre el asunto que examina el Tribunal Supremo, y que, según los observadores, tendrá un impacto en las urnas en noviembre próximo.
Sus comentarios desataron una andanada de críticas tanto de los políticos conservadores como de expertos legales, quienes los interpretaron como un intento de influir en el dictamen que emitirá el Tribunal Supremo en junio próximo respecto a la constitucionalidad de la reforma sanitaria.
Los detractores de la reforma sanitaria destacaron que el Tribunal Supremo ha revocado leyes anticonstitucionales desde al menos 1803, en el caso conocido como "Marbury v. Madison".
Pero el miércoles, el portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney, explicó que en los últimos 85 años de su historia, el Tribunal Supremo ha respetado la autoridad del Congreso de aprobar leyes "que regulen asuntos de importancia económica nacional como el cuidado de la salud".
Entre otros elementos, la reforma sanitaria, promulgada el 23 de marzo de 2010, exige la compra de un seguro médico a todos los estadounidenses a partir de 2014, so pena de afrontar el pago de una multa.
En general, la mayoría de los republicanos y grupos conservadores afines consideran que la reforma sanitaria es una costosa injerencia del Gobierno federal en los derechos individuales, mientras los grupos de corte progresista aseguran que la legislación facilitaría la cobertura médica universal y reducirá los gastos de salud, entre otros beneficios.
Según los observadores, el dictamen del Tribunal Supremo, sea cual sea, tendrá un impacto directo en los comicios del próximo 6 de noviembre, en los que Obama se juega la reelección.
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