La información susceptible de ser analizada por los investigadores de la Policía es extensa y prácticamente inabarcable por un número limitado de agentes. De ahí que el Ministerio del Interior haya decidido reforzar la plantilla que dirige las pesquisas. El Grupo 1 de la Sección de Investigación de la Seguridad Social, dependiente de la Unidad Central contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UCDEF), estaba conformado por apenas cuatro funcionarios, que desde hace casi dos años recaban y clasifican información procedente del Ministerio de Empleo.
Ante la ingente cantidad de datos que los policías tenían en sus manos, éstos solicitaron ayuda hace aproximadamente un año. Sin embargo, el Ministerio del Interior no se terminaba de decidir. La plantilla de la Policía se reduce cada ejercicio debido a la escasa oferta de empleo público que hay y a que, por lo tanto, no hay renovación interna. De ahí que la Secretaría de Estado de Seguridad fuera retrasando continuamente la orden de conceder más efectivos a los cuatro investigadores.
Sin embargo, la repercusión mediática que hace dos meses tuvo la aparición en varios diarios digitales y posteriormente en el resto de periódicos y televisiones de las consecuencias de la operación hizo reflexionar al Gobierno. De hecho, la propia Presidencia del Gobierno se interesó por el caso. Finalmente, el Ministerio del Interior determinó que era necesario conceder esos refuerzos que demandaban los policías. También el Ministerio de Empleo, del que depende la Seguridad Social –que acoge a la sección de la Policía responsable de la investigación– accedió a proporcionar más medios materiales.
Actualmente, más de 40 funcionarios participan en las pesquisas. En concreto, a los cuatro que conforman el citado Grupo 1 de la Sección que forma parte de la UCDEF se han sumado otros siete que venían de la extinta unidad madrileña de los Greco (Grupo de Respuesta Especial contra el Crimen Organizado) y ocho más provenientes de la Brigada Provincial (también de Madrid) de Policía Judicial.
En total, 19 funcionarios, de los cuales 3 coordinarán las pesquisas desde la capital de España. El resto, en parejas acudirán a dirigir la investigación en cada una de las ocho provincias andaluzas. Allí, estos últimos contarán con el apoyo añadido de un equipo de entre dos y cinco personas, en función de la cantidad de información analizable, lo que hace un total de unos 40 agentes.De Málaga al resto de provincias
Todos ellos llevarán a cabo desde ahora la misma labor que han venido realizando los primeros investigadores en Málaga –donde han destapado una concesión de subvenciones por parte de la Junta a una veintena de empresas, de las cuales el 85% presentaban supuestamente indicios de haber recibido las ayudas de manera irregular– en el resto de provincias andaluzas.
Sin embargo, la magnitud de la denominada operación Edu es tal que incluso este elevado número de agentes se torna insuficiente, dada la gran cantidad de documentos que deben analizar, los testimonios que tienen que recabar o los datos que necesitan cruzar, tareas no siempre al alcance de cualquiera, ya que requieren de una especialización económica de alto nivel.
La operación Edu, coordinada desde hace dos años por la Fiscalía de Málaga, ha puesto en evidencia un conjunto de indicios que hacen pensar en que desde 2010 hasta 2012 han venido concediéndose de manera ilegal subvenciones destinadas en un principio a fomentar la inserción laboral de personas desempleadas.
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Las ayudas eran concedidas por el Servicio Andaluz de Empleo, que a su vez las sacaba en su mayor parte del Fondo Social Europeo, a empresas de formación que se comprometían a contratar al 60% de los alumnos que participaran en los cursos. En muchos casos, sin embargo, según los primeros informes de la UCDEF, estas sociedades no cumplían su compromiso de contratación o no habían sido creadas siquiera cuando se les fueron concedidas las subvenciones o no contaban con el profesorado adecuado o carecían de las instalaciones exigidas, entre otras irregularidades que actualmente están siendo investigadas por la Policía.
Los citados informes de la UCDEF apuntan ya a varios altos cargos o exaltos cargos de la Junta de Andalucía, ya que insinúan desde la Policía que es imposible llevar a cabo estas donaciones fraudulentas sin el consentimiento de algunas personas que formen parte de la administración regional. De hecho, si se demuestra lo apuntado por los investigadores, habrían fallado todos los controles del Gobierno regional, que no ha detectado durante los citados años ninguna irregularidad al respecto.
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