El Gobierno nipón aprueba proyecto de ley sobre la sustracción de menores

Tokio, 9 mar.- El Gobierno nipón aprobó hoy un proyecto de ley necesario para unirse al Convenio de La Haya contra la sustracción internacional de menores, algo que durante años han solicitado a Japón varios países, entre ellos España.

La ley, que debe ser ratificada en el Parlamento para entrar en vigor, establece que los tribunales japoneses podrán aceptar solicitudes de custodia de los progenitores que vivan en el extranjero, informó la agencia Kyodo.

Según la norma, los tribunales nipones podrán rechazar las solicitudes del extranjero si ha pasado un año desde que el menor vive en Japón, si hay muestras de que el niño no quiere regresar, si éste está expuesto a daños físicos o psicológicos, o si el solicitante tiene un historial de negligencias en su cuidado.

Japón es el único país del G8 que no ha firmado el Convenio de La Haya, lo que significa que, en caso de divorcio de un matrimonio en el que uno sea ciudadano japonés, la custodia de los hijos decidida por un tribunal extranjero no tiene validez efectiva en terreno nipón.

Además, la ley japonesa establece que en una pareja divorciada la custodia la tiene sólo uno de los padres, por lo que el otro no tiene derecho a reclamar al hijo en este país.

Esto ha provocado que en Japón haya muchos menores que se encuentran con su progenitor japonés sin que el otro, extranjero, pueda pedir su custodia ni llevarlo de vuelta a su país de residencia habitual.

En mayo de 2011, el Gobierno hizo pública su intención de adherirse al convenio internacional, ratificado hasta el momento por 84 naciones después de que en 2010 se adhirieron al mismo Marruecos, Gabón y Singapur.

El tratado de la Haya sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores de 1980 detalla que aquellos menores de hasta 16 años sustraídos por sus padres de manera irregular deberán ser devueltos al país que figura como su domicilio habitual hasta que se decida la custodia del niño o niños.

España y otros países de la Unión Europea, así como EEUU, habían solicitado insistentemente a Japón su adhesión al tratado, para tratar de resolver cientos de casos de menores llevados a Japón en los que uno de los progenitores tiene restringido incluso los derechos de visita.