El Gobierno paquistaní se aferra al Parlamento ante una crisis institucional

Agus Morales

Islamabad, 16 ene.- El Gobierno paquistaní se aferró hoy a la aprobación de una moción parlamentaria de apoyo a la democracia ante la gravedad de su choque institucional con el Ejército y el Tribunal Supremo, que ha acusado de desacato al primer ministro, Yusuf Razá Guilani.

"Hoy es el mejor día para la democracia", manifestó Guilani tras la votación en la cámara baja.

Los diputados aprobaron una declaración de respaldo a la democracia mediante el sistema de votación a viva voz, un procedimiento usado en los sistemas parlamentarios surasiáticos -herederos del británico- cuando la iniciativa no requiere más que la mayoría simple.

Una mayoría dijo "sí" cuando la presidenta de la cámara preguntó a los diputados por su preferencia, aunque buena parte de la oposición abandonó la cámara.

El Gobierno, encabezado por el Partido Popular de Pakistán (PPP) del presidente del país, Asif Alí Zardari, presentó el pasado viernes el texto, pero hoy introdujo enmiendas para intentar satisfacer a la oposición.

Los cambios van dirigidos a subrayar el apoyo a la democracia, así como a puntualizar que la soberanía en esta república islámica recae "tan solo" en Dios.

"Esta es una resolución histórica que será recordada", defendió el primer ministro.

Con la aprobada moción, el PPP quería hacer una demostración de fuerza en un clima de desconfianza institucional y de especulaciones sobre un posible golpe militar o la supuesta voluntad del Tribunal Supremo de descabezar al Ejecutivo.

Antes de la votación, Guilani fue acusado por el alto tribunal de desacato por no cumplir sus veredictos y fue llamado a declarar ante los magistrados el próximo día 19.

La corte lamentó que el jefe del Gobierno no se haya tomado "en serio" sus órdenes en relación con la ordenanza de reconciliación nacional (NRO).

La NRO, declarada inconstitucional por el Supremo, fue una amnistía del régimen de Pervez Musharraf (1999-2007) a políticos y burócratas acusados de corrupción y otros delitos, muchos de los cuales se hallan hoy en altos cargos del Gobierno.

La ordenanza, de 2007, facilitó el regreso al país de la ex primera ministra Benazir Bhutto, asesinada a finales de ese mismo año, y de su viudo, Zardari.

El Supremo la derogó en 2009 y este mes recordó al Gobierno que la ha desacatado y debe aplicar su sentencia, lo cual podría poner en peligro el cargo de muchos políticos en la cúpula del Gobierno y en la oposición que tenían causas abiertas con la Justicia.

Guilani confirmó hoy que comparecerá ante la corte y expresó el "pleno respeto" de su partido a las decisiones judiciales.

Tras la orden, un canal paquistaní aseguró que Guilani había ofrecido dimitir, algo que una portavoz de su oficina negó tajantemente a Efe.

El principal portavoz presidencial, Farhatulá Babar, también desmintió este extremo pero informó de que la cúpula del PPP se reunirá por la noche para "analizar" la situación creada por la decisión judicial.

Un hiperactivo Supremo, que está recibiendo críticas por extralimitación de sus funciones por una parte de la prensa, celebró además hoy una nueva audiencia sobre el "memogate", un caso que enfrenta el Gobierno con el poderoso Ejército.

Los magistrados están investigando un supuesto documento secreto del Ejecutivo para solicitar ayuda a EEUU en caso de un golpe militar.

La petición tuvo lugar, según el empresario que la reveló, tras la muerte en mayo del líder de la red terrorista Al Qaeda, Osama Bin Laden, en la ciudad de Abottabad (al norte de Islamabad) en una operación militar estadounidense que suscitó cierto ruido de sables en la capital paquistaní.

El Ejecutivo y el Ejército -que ha ejercido el poder durante más de la mitad de la historia del país- han intercambiado críticas durante la última semana a cuenta del "memogate".

Fuentes diplomáticas y de seguridad consultadas por Efe ven improbable un golpe de Estado pero creen que el Ejército podría intentar deshacerse de Zardari, que disfruta de inmunidad presidencial, por la vía judicial.

Mientras crecen las voces que piden elecciones anticipadas -la legislatura concluye en 2013- el PPP sigue refugiándose en declaraciones de apoyo a la democracia como la de hoy para sacudirse la presión militar y judicial.

"Si no hay democracia, todo se acabará", alertó ante el Parlamento el primer ministro.