El Gobierno pretende reducir las penas de cárcel de los piquetes sindicales

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha avanzado este lunes que el Gobierno prevé enmendar la reforma del Código Penal para, entre otras cosas, rebajar las penas de cárcel contempladas para los piquetes sindicales.

Catalá, que ha presidido junto con el presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, la inuguración de la remodelación de la Audiencia Provincial de Alicante, ha señalado que en el caso relativo al artículo 315, que hace referencia a las coacciones cometidas en el ejercicio del derecho a huelga, se prevén actualmente penas de prisión "altas" en comparación con el delito de coacciones "genérico".

En este sentido, ha señalado que se ha constatado que"se están produciendo a veces sentencias con penas muy altas, privativas de libertad, que quizás son un poco desproporcionadas en el momento actual".

Por ello, ha adelantado que una de las enmiendas que se van a presentar va en línea de la reducción de la pena contemplada en el artículo 315, "para reducirla de manera importante y como multa".

Catalá espera que la reforma del Código Penal esté aprobada en el mes de abril. Los plazos sobre los que trabaja su departamento son que en enero se voten las enmiendas, que el Senado estudie la reforma en febrero y que regresa en marzo al Congreso de los Diputados para su sanción un mes después.UGT exige que se deroge el artículo 315.3 del Código Penal

UGT ha exigido este lunes al Gobierno que derogue el artículo 315.3 del Código Penal, al considerar que es "enrevesado, inentendible e innecesario" y que "criminaliza" a los piquetes de las huelgas.

En un comunicado, el sindicato recuerda que el anterior ministro de Justicia, Alberto Ruíz Gallardón, ya se comprometió a derogar este artículo del Código Penal, por lo que la intención del Gobierno de rebajar las penas en estos casos, aprovechando la reforma del Código Penal, como ha adelantado el actual ministro del ramo, Rafael Catalá, es un"parche".

El sindicato insiste en que condenar a penas de cárcel de hasta cinco años a "trabajadores y padres de familia" por ejercer de piquetes en virtud de este artículo "no es sólo inconstitucional, sino que revela un absoluto desconocimiento de lo que comporta el derecho a huelga y la libertad sindical".