Las garantías ofrecidas por la Generalitat de Cataluña a sus empleados públicos para animarles a respaldar el denominado 'paro nacional' del pasado 3-O, en virtud de las cuales el Govern no detraería cantidad alguna de sus nóminas a los que ese día no acudieran a su puesto de trabajo, no tienen validez legal alguna, según han confirmado a lainformacion.com expertos en Derecho Público y Laboral.
Es más, si la Generalitat cumpliera ese compromiso y no remitiera al Ministerio de Hacienda - que desde el pasado mes de septiembre asume el control de todos los pagos realizados por la comunidad autónoma de Cataluña, dentro del paquete de medidas de control financiero para embridar el desafío independentista del Govern - la información relativa a los funcionarios que ese día no fueron a trabajar, no sólo tendría que afrontar las consecuencias penales de ese comportamiento sino que expondría a los funcionarios a tener que devolver más adelante el dinero percibido con los intereses que correspondieran.
75%
Ése fue el seguimiento del paro del 3-O en el sector público según la Generalitat
La situación es compleja. Según los datos difundidos por la Consellería de Empleo de la Generalitat, el seguimiento en el ámbito del sector público fue del 75%, lo que implicaría que más de 120.000 empleados públicos (de los cerca de 170.000 que están en nómina de la comunidad autónoma de Cataluña) no habrían trabajado ese día.
Desde el Área de Gobernación de la Generalitat, que ostenta las competencias en materia de Función Pública, se insiste en que no se detraerá el salario de ese día a los empleados públicos que secundaran el paro bajo el argumento de que no se trata de una huelga laboral sino de una movilización cívica. Sí se restará, sin embargo, el día de trabajo de sus nóminas a los trabajadores públicos que secundaron ese mismo día la huelga laboral convocada por cuatro sindicatos minoritarios.
Por su parte, el Ministerio de Hacienda ya ha advertido de que descontará de sus nóminas el día de salario a todos los empleados públicos que ese día no fueran a trabajar, con independencia de su motivación. La pregunta es cómo. Hacienda no posee esa información y la intención de la Generalitat es no enviarla. "Es responsabilidad de la Interventora General de la Generalitat", explican desde Hacienda. "Es ella la que debe velar por que los pagos que se realicen se atengan a la legalidad". El problema es que la Interventora tampoco puede controlar quién fue a trabajar y quién no ese día...
La factura la pagarán los funcionarios
Para Alberto Dorrego, responsable de la Sección de Derecho Administrativo del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y socio del Departamento de Derecho Público del Bufete Eversheds-Sutherland, "normativamente en el ámbito de las Administaciones Públicas siempre que hay una situación de huelga o paro en la que los empleados no acuden a su trabajo existe la obligación de detraer la cantidad correspondiente de su nómina"
En su opinión, el hecho de que el empleador, en este caso la Generalitat, haya garantizado que el seguimiento del paro no tendría consecuencias salariales para sus empleados no tiene validez alguna, al tratarse de una Administración Pública. "En un caso como éste hay un servicio público que ha dejado de prestarse y esa prestación que no se ha realizado corresponde a dinero de los ciudadanos, de sus impuestos. No hay opciones, se debe detraer el sueldo del día a los empleados públicos que no trabajaron. No hacer esto implicaría que la Administración incurre en un pago ilícito o ilegal".
Y habría consecuencias, para la Generalitat y también para los funcionarios que secundaron el paro en la confianza de que no perderían el día de sueldo. "El trabajador pagaría las consecuencias, sin duda", explica Carlos Galán, presidente de la Sección de Derecho Laboral del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y director de Alberche Abogados. El escenario más probable es que los tribunales obligarán a la Generalitat a recuperar los recursos indebidamente abonados con sus intereses correspondientes, "que correspondería pagar a los empleados públicos afectados salvo que la resolución judicial dijera otra cosa", asegura Galán. Otra cosa como por ejemplo decretar la responsabilidad patrimonial de las autoridades políticas que hubieran tomado esa decisión.
Los expertos consultados entienden que el asunto podría resolverse meramente por la vía administrativa, bajo el argumento de que "no todo lo que es ilegal es delictivo", pero desde Hacienda ya se ha deslizado la posibilidad de acudir a la vía penal y denunciar un posible delito de prevaricación, por la adopción de una decisión a sabiendas de que es ilegal. Algunos expertos también apuntan a que se podría imputar un delito de malversación de fondos públicos a los responsables de la Generalitat.
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