Madrid.- Un informe de los servicios jurídicos del Senado avala que el presidente de esta Cámara, Javier Rojo, pueda utilizar la llamada al orden en el Pleno para impedir "injurias" o "calumnias" contra los hijos del vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves.
El informe, al que ha tenido acceso Efe, dice que la libertad de palabra forma parte del contenido esencial del derecho fundamental al cargo de parlamentario reconocido por la Constitución, pero añade que "tiene su frontera en los derechos fundamentales de terceros que no se hallen ni directa ni indirectamente relacionados con el debate que se está llevando a cabo".
Faculta por tanto a Rojo a utilizar la llamada al orden "en supuestos de insultos o de palabras groseras y probablemente también en los casos de expresiones injuriosas o calumniosas referidas a terceros no relacionados directa ni indirectamente con el objeto de debate parlamentario".
Los servicios jurídicos del Senado dicen en su informe -entregado hoy a los grupos en la Junta de Portavoces- que, fuera de esos supuestos, la llamada al orden puede constituir una vulneración constitucional.
El informe tiene una extensión de 22 folios y se centra en los artículos del Reglamento de la Cámara que aluden a la facultad de los senadores para reclamar a la Presidencia la observancia del Reglamento (artículo 90), a la llamada al orden por el presidente (101) y a la llamada a la cuestión (103).
Fue encargado por Rojo después de que, en la última sesión plenaria, la secretaria general del grupo socialista, Ruth Porta, reclamara la observancia del Reglamento y anunciara que su grupo iba a pedir que la Mesa no admita más preguntas del PP que resulten ofensivas para la dignidad de Chaves y la de su familia.
El vicepresidente tercero respondió en esa sesión plenaria a dos preguntas del PP formuladas por los senadores Rafael Salas Machuca y Sebastián Pérez sobre su gestión en la Vicepresidencia Tercera y sobre el trato de igualdad que las administraciones públicas dispensan a empresas y ciudadanos.
Los servicios jurídicos de la Cámara defienden la calificación que hizo la Mesa del Senado de esas preguntas y afirman que fue "adecuada a derecho" pues cumplían los requisitos constitucionales y reglamentarios.
Recalcan además que la calificación debe consistir en un análisis puramente jurídico de las preguntas "y nunca sobre su oportunidad política".
Sobre la llamada a la cuestión, el texto señala que su uso debe producirse única y exclusivamente cuando "la digresión o reiteración sea notoria, afecte a la coherencia del debate y se realice con la intención" de obstaculizarlo.
Por último, el informe reconoce "el margen de discrecionalidad" de la Presidencia para decidir las circunstancias en las que puede emplear la llamada al orden y la llamada a cuestión.
La Junta de Portavoces analizará, previsiblemente, la próxima semana el contenido de este informe, ya con la presencia de Rojo quien no ha estado hoy en la reunión por estar participando en Seúl (Corea) en la reunión de presidentes de Parlamentos de países miembros del G20.
El portavoz del PP en la Junta, Antolín Sanz, ha señalado que su grupo estudiará el informe y ha defendido la libertad de preguntar en la Cámara, especialmente, cuando las preguntas cuentan con el visto bueno de los servicios jurídicos.
El senador del PP ha defendido las reglas que rigen el debate parlamentario y ha recalcado que el Gobierno "tiene la obligación de aclarar" determinadas cuestiones como las irregularidades detectadas en los ERE de Andalucía durante la gestión de Chaves como presidente de esta comunidad.
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