La tensión en el procedimiento judicial abierto contra Portobello por la compra de la red de franquicias Unidental, que luego pasó a integrarse en el grupo Vivanta, va 'in crescendo' por el cruce de querellas entre el fondo de inversión y uno de los propietarios que participó en la venta de clínicas. Todo ello después de que una juez de instrucción de Madrid haya rechazado continuar investigando por un delito de extorsión al empresario que mantiene imputados a los responsables de la firma de capital privado por presuntamente engañar a los dueños de los centros dentales con el objetivo de eludir los pagos pendientes por la adquisición del negocio. Según indica la magistrada Margarita Valcarce, el hecho de que el dueño de uno de los locales amenazase con llevar las posibles pruebas de estafa a la Agencia Tributaria o a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional no implica la comisión de ningún delito, ya que su única intención era "que se diera cumplimiento al contrato firmado en su día".
Los socios de Portobello se encuentran investigados en el Juzgado de Instrucción de Madrid número 49 a raíz de una querella por un delito de estafa que interpuso este empresario tras recibir por error un correo electrónico de un empleado del Grupo Vivanta que contenía un archivo que presuntamente reflejaría la existencia de una doble contabilidad. Ésta estaría compuesta, por un lado, por las cifras reales de las clínicas y, por otro lado, por las cuentas que el fondo de inversión habría manipulado registrando la disminución de ingresos obtenidos o pérdidas para justificar ante los vendedores que no abonarían las cantidades pendientes y aplazadas tras la compra.
Portobello niega rotundamente estos hechos y en respuesta a ello presentó el pasado mes de julio una querella contra esta persona a la que compró su clínica en 2018. Según señaló, el dueño del centro adquirido, antes de acudir a los tribunales para instar la apertura de una causa judicial contra el fondo de capital riesgo, habría "amenazado" a la firma española con ir a Hacienda y a la Policía para denunciarles por el impago de 77.000 euros.
El Juzgado de Instrucción número 16 de Madrid ha sido el encargado de analizar si existió la "extorsión" denunciada. Tras tomar declaración a ambas partes, la magistrada Margarita Valcarce ha acordado el archivo de las actuaciones, pues según explica en un auto con fecha del pasado 3 de diciembre, al que ha tenido acceso La Información, el hecho de que el querellado pusiera de manifiesto su "discrepancia con las cantidades abonadas" y advirtiera de su intención de poner a disposición de la AEAT o de la UDEF los documentos que le llegaron por error "no implica que nos encontremos con un delito de extorsión, pues ni existe violencia, ni intimidación".
La juez explica que para afirmar que los hechos denunciados son "actos intimidatorios" deben darse dos requisitos: que su contenido sea "objetivamente compulsivo y que la intención del autor sea la de influir en el sujeto pasivo, lo que no ocurre en el presente supuesto". Así, añade que la única intención del querellado era que se diera cumplimiento al contrato firmado en su día, y al no estar conforme con la contabilidad entregada, informó de su intención de denunciar los hechos en los juzgados, lo que finalmente ha ocurrido y se encuentra en manos de otros de los 'despachos' de los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid, el número 49.
Investigaciones similares en el mismo juzgado
Se da la circunstancia de que la titular de dicho juzgado de instrucción, la magistrada Josefa Bustos, comenzó a investigar la compraventa de clínicas tras admitir a trámite la querella interpuesta por Ignacio Martínez, el mayor franquiciado de Unidental -propietario de 27 clínicas-, si bien terminó por cerrar la causa al no encontrar indicios de delito al entender que los términos del contrato, así como sus condiciones del precio negociado en la operación, eran conocidas por ambas partes, y por tanto no existió una operativa de engaño para adquirir las clínicas a un bajo precio. Una conclusión que fue confirmada por la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid el pasado mes de octubre.
No obstante, de forma paralela, este mismo juzgado se encuentra investigando a Íñigo Sánchez-Asiaín, Juan Luis Ramírez, Ramón Cerdeiras y Carlos Dolz, socios de Portobello, así como a Cartera Vivanta y Portobello Capital por la querella presentada por el dueño de la clínica que ha aportado pruebas de la supuesta existencia de una contabilidad irregular. Precisamente por estos hechos, el próximo 13 de enero tendrán que declarar ante la juez Bustos los representantes legales de ambas sociedades, de acuerdo a un auto del pasado 18 de octubre, que ha podido ser consultado por este diario.
La compra de Unidental provocó una avalancha de querellas y demandas en los juzgados penales y mercantiles de socios minoritarios contra Portobello por las presuntas irregularidades en dicha operación, incluido un supuesto caso de espionaje al presidente de Vivanta. Este 'calvario' comenzó en 2019 y algunas de las causas ya han sido archivadas, si bien otras aún permanecen vivas como la del Juzgado de lo Mercantil Número 2 de Madrid, que está pendiente de dictar sentencia sobre el juicio que celebró el pasado mes de octubre por la demanda de un socio minoritario de Vivanta contra los socios del fondo de inversión por el presunto perjuicio económico provocado al comprar el Grupo Vera Dental por un supuesto sobreprecio de 6,2 millones de euros.
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